Ecuador ha vivido algunas de las jornadas más tristes de la historia reciente. Los ataques terroristas simultáneos, coordinados y con objetivos ‘cuasi militares’ claros, dejaron un reguero de sangre y destrucción sin precedentes.
Los coches-bomba que superan las dos decenas (varios en estaciones de gasolina) y los atentados contra las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), frágiles y con pequeños resguardos, han dejado al menos seis policías muertos y una veintena de uniformados heridos.
El Gobierno asumió desde el primer día de su mandato la postura firme de luchar contra el crimen organizado y sus diferentes manifestaciones. El eje orbital es el narcotráfico. En su rededor basculan el tráfico de armas, trata de personas, y los delitos de lavado de activos y capitales.
La realidad es que el Estado ha sido un instrumento débil para servir a los grandes objetivos nacionales de la paz interna, la seguridad y la dotación de empleo y fuentes de trabajo adecuadas en cantidad y calidad. Las instituciones llamadas por ley y visión patriótica a cumplir con su deber moral de preservar el orden muestran fragilidades.
La Policía Nacional acusa algunas de las falencias que comparten otros componentes de una institucionalidad destruida – acaso de modo deliberado –, afectada también por la ambición de ciertos uniformados o la complicidad con actividades reñidas con la ley. Como en toda institución expuesta a la lucha contra la delincuencia algunos de los uniformados se dejan pervertir. Estos mismos días han sido descubiertos tres policías transportando droga en un patrullero.
Pero alarma sobremanera la institucionalidad perforada en el ámbito de la justicia. El abuso de los recursos de habeas corpus, la reiterada opción de medidas sustitutivas a delincuentes pescados en delitos flagrantes, la prisión domiciliaria y la colocación de grilletes en mal estado o que los portadores destruyen con facilidad, muestran una de dos cosas: o los operadores de justicia están paralizados por el miedo o actúan de forma cómplice con los hechores de asesinatos, tráfico de estupefacientes o porte ilegal de armas. No son todos los jueces y fiscales, es verdad, pero algunos tienen ya expedientes abiertos y siguen en sus funciones sin advertencia, sanción, suspensión o separación del cargo.
Otro aspecto crucial en materia de seguridad pública es el equipamiento de las fuerzas del orden y la actualización de sus objetivos estratégicos.
Para el caso de las Fuerzas Armadas la finalización de los conflictos fronterizos con el Perú supuso una reorientación y reajuste de sus misiones sin apartarse sus principios esenciales: proteger la integridad territorial y la soberanía nacional. El enemigo de los ecuatorianos es hoy ese crimen organizado, la trata de personas, la droga y su paso por el país y el contrabando, son algunas de las tareas que hay que estudiar y para enfrentarlas hay que sofisticar sistemas de control, tecnología y estrategias georreferenciadas, a más de información de inteligencia compartida con otros estados. Es asunto crucial.
Para la Policía, momentos complicados como el asesinato de Belén Bernal en la Escuela de Policía de Pusuquí, la pusieron en la mira de la opinión pública. Pero la colectividad está consciente que los policías ecuatorianos enfrentan el crimen y exponen sus vidas ante el accionar del hampa. Acuden a ella si se presentan riñas callejeras o la entrada de ladrones en las casas y por esa misma razón todos debemos construir la idea de reforzar a la Policía y reconstituir una imagen confiable al servicio ciudadano.
Fernando Carrión, experto en temas de seguridad y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), hizo notar en varias entrevistas otro giro de la actividad delictiva del narcotráfico. Los delincuentes reciben su paga en especie. Ahora quienes transitan la droga por Ecuador con miras a llevarla a destinos internacionales no reciben dinero a cambio del trasiego ilícito sino droga. Esa particularidad ha explosionado el consumo local, la venta de las sustancias al menudeo y la expansión de otra rama del delito con terribles consecuencias agudizadas por la infeliz idea de las dosis permitidas de posesión de drogas. Con esta modalidad la violencia se anidó en cada barrio de las ciudades y la juventud, vulnerable de suyo, se volvió más permeable al consumo y la adicción.
Los últimos sucesos violentos recrudecieron heridas sociales inmensas, por ejemplo, aquellas del desempleo y la falta de oportunidades, particularmente en provincias como Esmeraldas, siempre con una inveterada deuda social, gigantes problemas de pobreza extrema, falta de salud adecuada y agua potable. Cunde el olvido.
Por esa razón, Lucía Sosa, alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas y política de experiencia, ha pedido en las reuniones con el Presidente y altas autoridades, no solamente un mayor despliegue de fuerzas de seguridad sino el trazado de planes de salud y educación y acciones para darle la vuelta a la falta de trabajo. Esas mismas razones valen para todo el cordón fronterizo. Los lugares claves de la ruta de la droga desde hace años.
Hace más de cuatro años el ataque terrorista al cuartel Policial de San Lorenzo y el atentado a un convoy de la Armada fueron sumando hechos violentos de uno de los frentes disidentes de las FARC dedicados hoy –en cinco facciones, según especialistas– al narcotráfico. Entonces un equipo de periodistas de diario El Comercio, que pasó con todas las autorizaciones legales y controles de los responsables del puesto de mando naval a Mataje, fue secuestrado en ese punto de nuestra geografía, llevado al otro lado de la frontera y asesinado cruelmente.
Los jueces de San Lorenzo no actúan con libertad, viven la amenaza constante y la población es silenciosa por miedo y, en algunos casos, con complicidad. Las imágenes del satélite que exhibían entonces las más altas autoridades mostraban las plantaciones de coca en territorio colombiano, lindantes con nuestros territorios. Se sabía a gritos de la acción ilegal, el paso de personas con fines delictivos por la frontera y los constantes flujos de droga que salían en submarinos artesanales (algunos capturados) o la mercadería que se embarcaba en lanchas en Esmeraldas y Manabí y pescadores amenazados que se pudren en cárceles extranjeras y las decenas de fibras tipo ‘go fast’ abandonadas en atracaderos mexicanos que llevaron droga de todas las formas. ‘Los cargamentos ilegales se trasladan a su destino final por diversos medios de transporte (buques mercantes, de alto bordo, contenedores, veleros y yates) y distintas técnicas o modalidades, zarpando de los puertos principales de Colombia, Ecuador y Perú, que sirven como plataforma de lanzamiento de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína), principalmente’ (ver página web enlinea.com). Si alguien lo desconoce es ingenuo o cómplice.
En suma, el Ecuador entró de lleno en los planes de los grandes carteles internacionales. Las fuentes bien informadas dicen que la dependencia principal se origina en los grupos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los carteles locales de peligrosos delincuentes actúan como franquicias, transportan droga hacia los puertos de salida, planifican rutas y asesinan a los enemigos de otros carteles, a los miembros de las fuerzas del orden y a la gente que se les cruce en el camino. A sangre fría.
Por eso es que los motines en las prisiones que empezaron a mediados de 2019 tienen rasgos de violencia y sevicia nunca antes vistos. La influencia del hampa internacional es evidente. Más de medio millar de muertes en las cárceles, explosiones, atentados y armas potentes han sido moneda común.
Cuando sucedió el estallido terrorista de días pasados todo estaba claro. Los delincuentes sabían que se preparaba una operación para desarticular su poder mafioso dentro de las prisiones. Los traslados a otras cárceles del país suman varias centenas (las mismas fuentes oficiales no se ponen de acuerdo en el número de movilizados) Algunos capos fueron cambiados a La Roca. Se trata de desbaratar el imperio del crimen dentro de las cárceles. Si el Estado no pone mano dura, respetando los derechos humanos, pero con firmeza para proteger a toda la sociedad, esta será una batalla perdida.
Hace falta bloquear las comunicaciones en las penitenciarías, impedir que ingresen armas y explosivos, aislar a los clanes, fortificar con obras de ingeniería y construcción sofisticada a los pabellones que vemos que son destrozados con explosiones y a mazazo limpio. Eso no puede suceder.
El ataque terrorista perpetrado debe ser la última alerta para defender la unidad del Ecuador y de las personas de bien en torno a la ley y el orden. La defensa de la democracia y la República, el Estado de derecho y la libertad de la gente a vivir con seguridad y circular sin extorsiones, chantajes y amenazas es asunto clave.
La unidad debe convocar en torno a una causa común al Estado y a las fuerzas del orden. El Gobierno debe liderar esa empresa trascendente. Pero hace falta pronunciamientos categóricos de la academia, de los sindicatos y gremios empresariales, de los poderes públicos y la sociedad en general. La alta dirigencia de la Conaie debía expresarse sobre la lucha contra el crimen. El manifiesto de la Conaie es inaceptable y pone al descubierto sus conceptos radicales y sectarios frente a un problema que afecta a todo el Ecuador e impacta en los más pobres cuando las mafias tienen como carne de cañón a los jóvenes de los sectores humildes del país.
Es hora de que los políticos se quiten la careta. El pronunciamiento de la Asamblea luego de unos días de sombrías intenciones desestabilizadoras fue, al final del día, prudente. Que se muestren por la vigencia de la democracia y la lucha contra el crimen. La gente sabrá identificar a los que están por la vida o eligen el camino del crimen organizado y la protección del narcotráfico. O están en plena sintonía con la gran mayoría de la gente o están con la mafia, eso es todo.
Autor: Gonzalo Ruiz Álvarez
Fuente: La República
