El Ministerio de Trabajo de Ecuador suspendió por 150 días sin remuneración a la vicepresidenta Verónica Abad, argumentando «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos». La medida, comunicada el 8 de noviembre, se basa en la ausencia de Abad en la embajada de Ecuador en Turquía, donde debía presentarse el 1 de septiembre de 2024. Sin embargo, la funcionaria llegó a su destino el 9 de septiembre, lo que se contabiliza como cinco días hábiles de ausencia.
Abad, quien también ejerce como embajadora de Ecuador en Israel desde noviembre de 2023, fue trasladada temporalmente a Turquía por razones de seguridad en el contexto del conflicto entre Israel y Gaza. Según el Ministerio de Trabajo, la sanción contempla la suspensión de sueldo y funciones de Abad por cinco meses, medida que se fundamenta en el Art. 48 literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).
Acusaciones de «violencia política» y fricciones con el presidente
La relación entre Abad y el presidente Daniel Noboa ha estado marcada por desacuerdos. A finales de septiembre, Abad denunció «violencia política» contra el presidente Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), alegando que las acciones del gobierno buscan impedir su eventual sucesión presidencial durante la campaña electoral, que comienza en enero de 2025. La Constitución establece que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en estos periodos, lo cual Abad sostiene que el gobierno intenta evitar.
Noboa respondió a la denuncia, calificando a Abad de tener intenciones de reemplazarlo y atacando «la voluntad popular». En redes sociales, el presidente manifestó que Abad forma parte de «una trama mucho más grande» para sacarlo del poder.
Críticas y reacciones de juristas y candidatos presidenciales
La suspensión de Abad generó reacciones en la comunidad jurídica y entre candidatos presidenciales. La penalista Paulina Araujo calificó la medida como un «sinsentido», criticando el uso de la suspensión como herramienta de persecución. Por su parte, el abogado constitucionalista José Chalco cuestionó la seriedad de la sanción, afirmando que sancionar una ausencia laboral con 150 días adicionales de suspensión «carece de sentido constitucional».
En el ámbito político, varios candidatos presidenciales se pronunciaron en contra de la suspensión. Henry Cucalón, del movimiento Construye, calificó la medida como «inconstitucional e ilegal», mientras que Luisa González, de Revolución Ciudadana, consideró la sanción como una «maniobra política» para impedir que Abad asuma la presidencia durante la campaña electoral. Jimmy Jairala, candidato del Movimiento Centro Democrático, sostuvo que el Ministerio de Trabajo se extralimitó en sus facultades, y el expresidente Guillermo Lasso afirmó que la sanción es un «alerta sobre los riesgos a la democracia».
Multa adicional por actos de precampaña
El Tribunal Contencioso Electoral impuso a Abad una multa de USD 8.500 por realizar actos de campaña anticipada, en respuesta a una denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. Aunque la conducta fue catalogada como ‘falta grave’, el TCE consideró que la infracción no afectó significativamente el proceso electoral, optando por una multa como sanción disuasoria.
