El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha confirmado, este lunes 24 de marzo de 2025, la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad. La decisión se adoptó con tres votos a favor y dos votos salvados, tras rechazar la apelación presentada contra la sentencia de primera instancia del juez electoral Guillermo Ortega. La resolución impone la suspensión por dos años y establece además el pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, lo que asciende a 14 100 dólares.
La controversia se originó a partir de la denuncia por violencia política de género interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien acusó a la vicepresidenta de emitir declaraciones denigrantes y utilizar estereotipos de género con la intención de afectar su imagen y obstaculizar sus funciones en el ámbito internacional. En su resolución de primera instancia, Ortega estableció además la obligación de que Abad ofrezca disculpas públicas en un plazo no mayor a 30 días, y el proceso podría extenderse si la mandataria decide interponer el recurso de ampliación y aclaración, lo que habría postergado la sentencia en siete días.
Detalles de la Resolución Judicial
El juez Guillermo Ortega calificó las declaraciones de Abad como una infracción tipificada en el numeral 14 del artículo 279 y en los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 del Código de la Democracia, en el marco de la denuncia por violencia política de género. Durante la audiencia, que se desarrolló de forma virtual, se informó que el proceso se vio afectado por la necesidad de un análisis más detallado y por la ocurrencia de una falsa alarma de explosivos en el edificio del TCE, lo que llevó a la postergación de la audiencia inicial.
Procedimientos y Reacciones Institucionales
Con la ejecución de la sentencia, la vicepresidenta se encuentra imposibilitada de ejercer cualquier cargo en el Estado durante el período sancionado. Aunque expertos constitucionalistas señalan que la suspensión de derechos políticos no es una medida aplicable de manera directa a los altos cargos, en este caso se configura como una ausencia temporal que podría requerir que el presidente Daniel Noboa nombre a una ministra para ejercer funciones de vicepresidencia mientras se resuelve la situación.
Verónica Abad, quien se encuentra en Turquía cumpliendo funciones como consejera temporal en asuntos económicos, sostuvo a través de sus redes sociales que la sanción no equivale a una destitución, argumentando que corresponde a la Asamblea Nacional determinar cualquier eventualidad de remoción mediante juicio político.
