La Asamblea Nacional rechazó la tarde del 14 de junio la autorización para procesar penalmente a la vicepresidenta Verónica Abad por presunta concusión en el caso Nene. Con 75 votos a favor del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC), se aprobó la moción presentada por la legisladora Gissella Molina para impedir el enjuiciamiento. El oficialismo, que votó en contra, solo obtuvo 38 votos, mientras que hubo 20 abstenciones de la bancada de Construye.
Previo a esto, el Pleno también negó una moción que buscaba permitir la vinculación de Abad al caso en el que está involucrado su hijo. Para esta moción, se necesitaban 92 votos a favor, pero solo se lograron 41 provenientes del oficialismo. Los votos en contra fueron nuevamente 75 del correísmo y el PSC, con Construye absteniéndose.
La Corte Nacional de Justicia declaró el expediente del caso como reservado, y los asambleístas votaron sin conocer los detalles de los indicios penales. Para quitar la inmunidad a Abad, se requerían 92 votos a favor, mientras que solo 70 eran necesarios para negar la petición, que fue lo que ocurrió.
Como resultado de esta decisión, Verónica Abad mantiene su aspiración de ocupar la Presidencia cuando Daniel Noboa pida licencia para hacer campaña en las elecciones de 2025. Sin embargo, una vez que deje de ser vicepresidenta, podría ser procesada.
La sesión del Pleno, que se realizó de forma virtual, se instaló a las 12h50, quince minutos después de la hora convocada. A pesar de una petición para declarar la sesión como reservada, esta se mantuvo pública, aunque el contenido del oficio enviado por la Corte Nacional solicitando el levantamiento de la inmunidad de Abad permaneció en reserva.
El caso Nene se centra en la investigación por el delito de oferta de tráfico de influencias, en el que está involucrado Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta. Un audio respaldaría la versión del denunciante ante la Fiscalía, Rommel P., quien afirmó que le pedían dinero a cambio de un cargo público. La Fiscalía decidió reformular el delito como concusión y solicitó una audiencia para el 17 de junio para formalizar este cambio.
