El Gobierno de Daniel Noboa ha presentado una denuncia penal contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, por presunto comercio irregular de combustibles. La denuncia, hecha pública el viernes 12 de julio de 2024, fue presentada por Franklin Erreyes Tocto, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, en la Fiscalía del Guayas. La querella también involucra a los hermanos del alcalde: Xavier y Antonio Álvarez, este último presidente de Barcelona S.C.
Erreyes acusó a la compañía Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A., cuyo principal accionista es Aquiles Álvarez, y a Fuelcorp S.A., presidida por César Ibáñez. Según la denuncia, estas empresas habrían comercializado productos hidrocarburíferos sin la debida autorización. La Coordinación Técnica de Regulación y Control Hidrocarburífero del SRI detectó «posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicios».
La firma Fuelcorp S.A., dedicada a la venta de combustible para vehículos, ha sido señalada por realizar ventas significativas a cuatro contribuyentes no registrados, lo que sugiere la existencia de comercializadoras irregulares. Un caso específico indica que un empleado de Fuelcorp S.A. registró 8,019 vehículos, uno de los cuales consumió una cantidad inusual de gasolina Extra, alcanzando los 117,000 galones.
El presidente Daniel Noboa, en una entrevista el 8 de julio de 2024, destacó que el contrabando de combustible ha generado millones de dólares a las empresas involucradas debido a la falta de control. Noboa afirmó que la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís fue una medida para combatir estas actividades ilegales. Arturo Félix, secretario de Administración Pública, reiteró que la principal razón para eliminar el subsidio fue precisamente acabar con estas irregularidades.
En la denuncia se menciona que Fuelcorp S.A. habría adquirido productos hidrocarburíferos de cuatro entidades no autorizadas, incluyendo Gasolineras Copedesa Gasgrupco. Esto violaría el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos con penas que van desde los dos meses hasta cinco años de prisión, dependiendo de la escala de la infracción. Además, las empresas podrían enfrentar clausuras temporales e inhabilitaciones para sus socios o accionistas si se confirma su responsabilidad en los delitos.
