El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción el 2 de julio para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Esta medida se basa en un informe de la Asociación Mundial de Juristas (WJA) que asegura su conformidad con la constitución.
El estado de excepción se fundamenta en la grave conmoción interna y el conflicto armado, con antecedentes en un decreto similar de abril de 2024. La Corte Constitucional (CC) había declarado inconstitucional un decreto anterior que también buscaba establecer un estado de excepción en varias provincias debido a conflictos internos armados. La CC resolvió esto por mayoría el 13 de junio, con un voto salvado de la jueza Carmen Corral.
El decreto actual menciona un incremento en las hostilidades, delitos y la presencia prolongada de grupos armados organizados en las áreas afectadas. Como parte de la medida, se suspenden derechos como la inviolabilidad de domicilio, permitiendo inspecciones y allanamientos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También se suspenden los derechos a la inviolabilidad de correspondencia, asociación y reunión, y se autorizan requisiciones de bienes necesarias para mantener la soberanía e integridad del Estado.
El estado de excepción tiene una vigencia de 60 días, período durante el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intensificarán sus esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. En los considerandos del decreto, se incluyen estadísticas sobre homicidios intencionales, tipos de armas utilizadas, violencia contra menores y casos judiciales destacados como Metástasis, Purga y Plaga.
El respaldo de la Asociación Mundial de Juristas es clave para la legitimidad de esta medida. Esta organización no gubernamental, con 60 años de trayectoria y estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha establecido un Comité Internacional para el Seguimiento del Estado de Derecho en Ecuador. El comité concluyó que el decreto cumple plenamente con la constitución. En una rueda de prensa el 27 de junio, José Francisco Estévez, director del Área Internacional del WJA, y Elena Fernández, experta en narcotráfico y crimen organizado, afirmaron que el decreto es una medida para proteger el Estado de Derecho y mejorar la seguridad en el país.
