El expresidente Rafael Correa y su exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, ahora serán procesados por peculado. El caso es investigado en Manabí por el proceso de delegación y concesión de la administración del Puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A. (AGUNSA).
Como Correa y Solís mantienen fuero de corte nacional, la causa pasará a manos de la Fiscal General, Diana Salazar, quien continuará con el proceso acusatorio. Según un informe de fiscalización que forma parte del expediente y que fue presentado por la asambleísta Adriana García del movimiento Gente Buena, la concesión generó un perjuicio de 23 millones de dólares al Estado.
El informe concluye que la Autoridad Portuaria de Manta, desde la delegación del puerto en 2016, ha presentado déficits recurrentes. Incluye cifras que evidencian que los ingresos generados por la operación del 20% de la infraestructura gestionada directamente por la Autoridad son superiores a los que se obtienen por el 80% de la infraestructura concesionada.
La Terminal Portuaria de Manta asegura que no existe indicio real alguno de irregularidades en la delegación y mucho menos perjuicio al Estado ecuatoriano, pues luego de más de 60 millones de inversión extranjera, el Puerto de Manta ha visto cómo un puerto abandonado por décadas se ha reactivado.
El expediente incluye además los resultados de una indagación previa por tráfico de influencias y otra por peculado que la Fiscalía llevó a cabo, y dos informes de Contraloría, uno incluso con indicios de responsabilidad penal en contra de Solís por tener conocimiento de la concesión y de Correa por autorizar la delegación.
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Rafael Correa fue condenado por cohecho en 2020 dentro del denominado caso Sobornos. El exmandatario no ha cumplido esa condena porque está prófugo de la justicia en Bélgica. En tanto que Walter Solís, sobre quien pesan dos sentencias, una por el caso Sobornos y otra por un peculado cometido cuando ocupó el cargo de Secretario del Agua, cuenta con el estatus de refugiado en México. Las autoridades de ese país le otorgaron el estatus en mayo de 2021.
