En una audiencia relámpago celebrada este 7 de julio de 2025, el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue hallado culpable de asociación ilícita y condenado a seis años y ocho meses de prisión. El fallo, dictado por el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia, reveló una red de influencias que buscaba manipular el concurso público de selección de jueces de la CNJ, celebrado en junio de 2023.
El tribunal determinó que Terán, alias “Diablo”, coordinó con sus asesores el acceso irregular al banco de preguntas y la organización de un segundo examen de confianza para beneficiar a la exjueza Anabell Torres. La resolución incluye también una multa de 12 salarios básicos unificados (USD 5.640) y una reparación integral de USD 35.877, cifras destinadas a resarcir los daños al proceso.
Estas sanciones se suman a dos condenas anteriores no firmes: nueve años por delincuencia organizada (caso Metástasis) y cuatro meses por obstrucción a la justicia (caso Independencia Judicial).
Evidencias y testimonios clave
Durante el juicio se presentaron 23 testigos, tres testimonios anticipados y 36 pruebas documentales. Bitácoras de acceso al portal del Consejo de la Judicatura, informes de celdas telefónicas y el peritaje de Milton Jaque confirmaron irregularidades en el sistema informático y la ausencia de trazabilidad en 61 registros de calificaciones. Los asesores Santiago Cifuentes y Fabricio Herrera, junto a David Guzmán (director general), admitieron haber gestionado un segundo examen y obtenido el banco de preguntas por instrucción directa de Terán.
Antecedentes y alcance del caso Pantalla
El “caso Pantalla” marcó el tercer proceso contra Terán por delitos de corrupción en menos de un año. En junio de 2023, la Fiscalía lo acusó de liderar la estructura ilícita que favoreció la designación de Anabell Torres, quien fue destituida junto a otros implicados. Aunque Terán se declara inocente y promueve apelaciones, el tribunal concluyó por unanimidad que vulneró la transparencia del concurso de jueces, profundizando la crisis de confianza en la administración de justicia.
