El 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada a tres de los principales implicados en el caso Purga: el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez de Guayas, Johann Marfetán. Los tres fueron hallados culpables de liderar una organización criminal que operaba dentro del sistema judicial, especialmente en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde cometieron diversos delitos a cambio de beneficios ilícitos.
La sentencia fue emitida por un tribunal integrado por los jueces Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre, quienes los declararon autores directos del delito de delincuencia organizada. Según los detalles proporcionados durante la audiencia, Muentes fue señalado como el encargado de liderar la operación, Gallardo como quien dirigía la estructura, y Marfetán como responsable de la planificación. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal les impuso una multa de 40 salarios básicos unificados (equivalente a 18.800 dólares) y la inhabilitación de sus derechos de participación política por 20 años.
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Colaboradores del caso Purga
En cuanto a los colaboradores de la red delictiva, el tribunal dictó una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión para los exfuncionarios judiciales Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Nelson Ponce, Robert Taylor y Juan Javier Riofrío, quienes fueron considerados como autores directos al haber colaborado en las actividades ilegales. Además, Alberto Lino Tumbaco y Ruth Solano, quienes brindaron cooperación eficaz durante la investigación, recibieron una sentencia reducida de un año y cuatro meses de prisión.
El caso Purga se originó a partir de investigaciones vinculadas al caso Metástasis, donde se detectaron irregularidades dentro de la Corte de Justicia del Guayas. La Fiscalía General del Estado encontró pruebas suficientes para vincular a los sentenciados con actividades criminales que favorecían intereses ilícitos, incluidos aquellos vinculados al narcotráfico. Como parte de las acciones de reparación, el tribunal también dispuso la colocación de una placa en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, simbolizando el rechazo a la corrupción dentro de la institución.
