La Asamblea Nacional inició el debate del Nuevo Código Penal denominado también Código Orgánico Integral Penal –COIP–, que es materia de controversia entre los diversos sectores políticos que conforman el Parlamento. Si bien la mayor parte del articulado que constaba en el respectivo proyecto enviado por el Ejecutivo fue modificado en el seno de la respectiva comisión, algunos asambleístas temen que, como es usual, el Ejecutivo valiéndose de su condición de colegislador vete la ley una vez que esta se apruebe, e imponga su propio proyecto, cuestionado entre otros aspectos por presuntamente establecer disposiciones represivas y que tenderían a consagrar la criminalización del descontento y la protesta de los sectores ciudadanos.
De otro lado, es evidente que el país venía necesitando un cambio integral en sus códigos Penal, de Procedimiento Penal y otros que tienen que ver con los delitos y las penas, dentro de una concepción actual acerca, de lo que es la administración de la Justicia, las teorías en boga sobre el delito y a la luz de las actuales modalidades que asume la delincuencia. Justamente, la tipificación de formas delincuenciales nuevas como son el lavado de activos, el sicariato, la financiación del terrorismo, etc., son aspectos que organismos internacionales han considerado insuficientes en nuestra legislación penal, de allí, señalan algunos opositores, la prisa oficialista por incluir estos aspectos en el Código Penal que entró a discusión.
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| Nuevo Código Penal |
Hay sectores, de otra parte, que acusan a los asesores jurídicos del Régimen de, presuntamente, haber comprado cuerpos legales de otros países como Chile a fin de que pasen como elaboración propia, lo cual va en contra de la propia esencia de la formulación, de las leyes, que deben constituir reflejo de la realidad de cada pueblo y que al copiarse crean dificultades a veces insalvables porque la situación de cada país difiere. Como fuese, es necesario que el tratamiento de leyes de la importancia y el alcance del Nuevo Código Penal Integrado se discutan con seriedad, no en base ni a cálculos políticos ni visiones de beneficio o desmedro para el Régimen, porque una ley no es para una coyuntura política.
