Fiscalía allana COPEDESA, empresa familiar del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez

El 23 de julio, la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Policía Nacional, realizó siete allanamientos en las ciudades de Guayaquil y Milagro como parte de la investigación denominada «Caso Triple A«. La operación se centró en la empresa Copedesa Gasgrupo S.A., perteneciente a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

COPEDESA, una empresa dedicada a la venta de combustibles, está bajo investigación por presunta comercialización y distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Además de Aquiles Álvarez, sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez Henriques, son accionistas de la compañía. Los tres hermanos también están vinculados con el Grupo Alvarez S.A., una corporación que maneja diversas sociedades de cartera familiares.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada el 11 de julio por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR). La agencia alegó que Copedesa vendió 743.000 galones de combustible a Fuelcorp S.A., que luego distribuyó combustible a vehículos sin placas. Además, la denuncia reveló que un empleado de Fuelcorp tenía registros de 8.019 vehículos, algunos de los cuales recibieron grandes cantidades de combustible, lo que despierta sospechas de comercialización ilegal.

Antonio Álvarez Henriques es actualmente el presidente del Barcelona Sporting Club, cargo que asumió en diciembre de 2023. Xavier Álvarez Henriques también forma parte de la directiva del club y es el actual presidente de Copedesa Gasgrupo S.A.

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Fiscalía allanó instalaciones de Copedesa, empresa familiar del alcalde de Guayaquil

El alcalde Álvarez expresó su disposición para colaborar con las autoridades y criticó el uso de los colores de la bandera de Guayaquil en el logo del caso. La Fiscalía y la Policía confiscaron computadores, documentos, facturas y dispositivos electrónicos durante los allanamientos.

La Asamblea Nacional también ha comenzado una investigación adicional sobre el caso, con la asambleísta Lucía Jaramillo liderando un frente parlamentario para indagar sobre el presunto contrabando de combustibles y discrepancias en la facturación.

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