Los datos del Consejo de la Judicatura muestran que el 65 % de los incidentes de revisión de pensiones alimenticias registrados entre 2016 y abril de 2026 buscó reducir el monto establecido. Mientras nuevas reformas continúan su trámite legislativo, especialistas recomiendan revisar cada caso antes de asumir que un cambio de ingresos modifica automáticamente la obligación.
Las pensiones alimenticias continúan siendo uno de los asuntos con mayor presencia dentro de los conflictos de familia en Ecuador. Sin embargo, el problema no termina necesariamente cuando un juez establece el valor que debe pagarse cada mes.
Los datos publicados por el Consejo de la Judicatura muestran que miles de familias regresan posteriormente al sistema judicial para solicitar una modificación de la pensión.
Entre mayo de 2016 y abril de 2026 se registraron 177.571 incidentes relacionados con la revisión del monto de las pensiones alimenticias. De ellos, 112.938 correspondieron a solicitudes de rebaja y 64.633 a solicitudes de aumento.
En términos proporcionales, el propio organismo señala que aproximadamente el 65 % de las solicitudes buscó disminuir la pensión previamente establecida, frente al 35 % que pretendió aumentarla.
Dicho de otra manera: alrededor de dos de cada tres solicitudes de revisión intentaron reducir el valor de la pensión alimenticia. La estadística forma parte del Boletín 8 sobre Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia publicado por el Consejo de la Judicatura en abril de 2026. (Función Judicial)
¿Por qué una pensión alimenticia puede volver a discutirse?
La situación económica y familiar puede cambiar después de que una pensión ha sido fijada.
Una pérdida de empleo, una reducción de ingresos, nuevas responsabilidades familiares o una modificación relevante en las necesidades del hijo pueden provocar que alguna de las partes considere necesario revisar el monto.
Pero que las circunstancias hayan cambiado no significa que la persona obligada pueda simplemente comenzar a pagar una cantidad diferente por decisión propia.
El sistema judicial contempla procedimientos específicos para revisar las pensiones, y antes de solicitar un aumento o una rebaja es necesario analizar las condiciones particulares del caso y la documentación que pueda acreditar esos cambios.
También debe distinguirse entre varias situaciones que suelen confundirse: solicitar por primera vez una pensión, pedir un aumento, solicitar una reducción, reclamar valores atrasados o actuar frente a un incumplimiento.
Cada escenario puede requerir una actuación jurídica diferente.
El incumplimiento también sigue siendo una parte importante del problema
El Sistema Único de Pensiones Alimenticias, conocido como SUPA, es administrado por el Consejo de la Judicatura y permite gestionar la recaudación y el pago de las pensiones alimenticias, así como consultar información relacionada con las obligaciones y los pagos efectuados. (Función Judicial)
Cuando existe mora, el propio sistema contempla el cálculo de intereses por los días de retraso en el pago.
Por eso, dejar transcurrir el tiempo sin revisar jurídicamente una situación puede complicar tanto a quien debe recibir los alimentos como a quien tiene la obligación de pagarlos.
Para la persona beneficiaria, el problema puede traducirse en meses de valores pendientes. Para el alimentante, la acumulación de obligaciones e intereses puede aumentar progresivamente el monto adeudado.
Ocho de cada diez registros históricos se encuentran hasta los USD 200
Otro dato publicado por el Consejo de la Judicatura permite dimensionar el funcionamiento del sistema.
Hasta diciembre de 2025 se habían registrado históricamente 916.465 tarjetas SUPA. De ese total:
- 60,49 % correspondía a pensiones entre USD 101 y USD 200;
- 18,34 % se encontraba entre USD 50 y USD 100;
- y 1,60 % correspondía a valores de hasta USD 50.
En conjunto, aproximadamente ocho de cada diez registros históricos se situaban hasta los USD 200.
La propia fuente realiza una precisión importante: estos datos incluyen tarjetas registradas históricamente, tanto activas como algunas en proceso de cierre. Por lo tanto, la estadística no significa que actualmente el 80 % de todas las familias ecuatorianas reciba una pensión inferior a USD 200.
Sí muestra, no obstante, una fuerte concentración histórica de las pensiones registradas en los rangos inferiores.
¿Qué puede cambiar de cara a 2027?
El marco jurídico de las pensiones alimenticias también atraviesa un proceso de discusión legislativa.
El 26 de agosto de 2026, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional aprobó el texto final de un proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.
Entre las disposiciones relacionadas con alimentos, la propuesta contempla que jueces y mediadores no puedan fijar pensiones inferiores a la tabla mínima, plantea cambios relacionados con medidas frente al incumplimiento y prevé la elaboración de una tabla diferenciada para determinados casos de tenencia exclusiva y compartida. También contempla una actualización del SUPA. (Asamblea Nacional)
Sin embargo, existe una diferencia esencial entre un proyecto en trámite y una norma que ya se encuentra vigente.
Por esa razón, todavía no resulta correcto hablar de una “nueva tabla de pensiones alimenticias 2027” como si sus valores estuvieran definitivamente establecidos.
Las familias deberán revisar la normativa y las tablas oficiales vigentes cuando las autoridades competentes publiquen las correspondientes actualizaciones.
Rebaja, aumento o incumplimiento: no todos los casos se resuelven de la misma forma
Antes de iniciar una actuación conviene determinar cómo fue fijada la obligación original, cuál es el monto actual, qué pagos aparecen registrados y qué circunstancias han cambiado desde entonces.
También resulta importante reunir documentación que permita acreditar esos cambios.
La pérdida de empleo o una reducción de ingresos pueden ser relevantes en una solicitud de rebaja, pero su existencia no implica automáticamente que la pensión vaya a modificarse.
De la misma manera, un incremento de los gastos de un hijo no supone por sí solo que cualquier solicitud de aumento vaya a prosperar sin analizar el resto de circunstancias.
Cuando existan pensiones atrasadas, desacuerdos sobre el monto, cambios importantes en los ingresos o dudas sobre el procedimiento adecuado, puede resultar conveniente revisar previamente la situación con abogados de pensiones alimenticias en Quito para determinar qué actuación corresponde y qué documentación debería reunirse.
La cifra refleja un problema que continúa después de fijar la pensión
Los más de 177.000 incidentes de aumento y rebaja registrados durante aproximadamente una década permiten observar que la fijación inicial de una pensión no siempre pone fin al conflicto.
La economía de las familias cambia, las necesidades de los hijos evolucionan y las circunstancias de quienes deben cumplir la obligación también pueden modificarse.
Lo importante es que estos cambios sean tratados dentro del procedimiento correspondiente y no mediante decisiones unilaterales que después puedan generar nuevos problemas jurídicos.
De cara a 2027, además, será necesario observar cómo culmina el trámite de las reformas actualmente discutidas y qué actualizaciones oficiales se realizan sobre las tablas y el funcionamiento del sistema.
Revisión jurídica: Abg. Eduardo Llerena, equipo de Abogados Quito.
