Una vez que se ha ejecutoriado la sentencia del caso Sobornos 2012- 2016, la asambleísta correísta Viviana Bonilla fue destituida de su curul.
La cesación de funciones como asambleísta nacional opera de pleno derecho, pues ni en la Constitución de la República ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa está reglamentado un procedimiento.
Bonilla fue sentenciada a 8 años de prisión por el delito de cohecho dentro del caso Sobornos, la exlegisladora al momento se encuentra prófuga de la justicia y se desconoce su paradero.
La Constitución en su artículo 115 establece como quinta causal para la cesación de funciones de los asambleístas la existencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada.
La exasambleísta será sustituida por su alterno, Rodrigo Collaguazo, afiliado al movimiento oficialista Alianza PAIS.
Por haber sido sentenciada por el delito de cohecho, Viviana Bonilla perderá sus derechos políticos a perpetuidad: no podrá ser candidata a ningún cargo de elección popular, no podrá realizar contratos con el Estado, ni podrá desempeñar cargos o empleos públicos y también perderá sus derechos de participación.
