El 1 de mayo de 2025 el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador confirmó en última instancia la sentencia que sanciona a las abogadas Priscila Schettini y Angélica Porras por actos de violencia política de género contra la fiscal general Diana Salazar. En este fallo ratificado por el Pleno del TCE, Schettini y Porras fueron halladas responsables de infracción electoral muy grave según el artículo 279 del Código de la Democracia, por acciones que incluyeron agravios con tintes racistas contra la funcionaria. La denuncia fue interpuesta por la fiscal Salazar en septiembre de 2023. Ante la apelación de las sancionadas, el Tribunal negó el recurso presentado y estableció que solo caben recursos de aclaración o ampliación (“horizontales”) sin modificar el fondo de la sanción.
Sanciones y confirmación del fallo
Como sanción principal, el TCE ordenó que Priscila Schettini pierda sus derechos políticos por tres años y le impuso una multa de 50 salarios básicos unificados (equivalentes a USD 22.500). Por su parte, Angélica Porras recibió la suspensión de derechos políticos por dos años más una multa de 30 salarios básicos unificados (USD 13.500). Estas medidas derivan del proceso 250-2023-TCE, iniciado tras la denuncia de septiembre de 2023. El fallo, emitido por el juez ponente Joaquín Viteri y ratificado por el Pleno el 1 de mayo de 2025, fue aprobado por mayoría (cuatro votos a favor y uno en contra). La jueza Ivonne Coloma presentó un voto salvado en el que argumentó falta de garantía del debido proceso. La resolución es de última instancia, por lo que la única vía procedimental son recursos de aclaración o ampliación que no alteran el fondo de la sanción.
Entre las disposiciones del TCE también se modificó la redacción de las medidas de reparación social. En la sentencia ratificada se eliminó la obligación de cumplimiento de algunas medidas de reparación a cargo del colectivo Acción Jurídica Popular que estaban en la sentencia original. Sin embargo, se mantuvo la determinación de que Schettini y Porras borren de sus redes sociales las publicaciones con hashtags difamatorios (#Ladyimpericia, #Ladyimpericias) y ofrezcan disculpas públicas a la fiscal Salazar, entre otras medidas iniciales que no fueron revocadas.
Contexto y antecedentes
La sanción tiene implicaciones concretas de corto plazo: Schettini fue electa como asambleísta nacional por el movimiento Revolución Ciudadana, pero debido a la suspensión no podrá asumir su curul cuando se instale la nueva Asamblea el próximo 14 de mayo. En la resolución judicial también se señala que ambas denunciadas incurrieron en violencia política de género mediante una campaña sistemática de desprestigio. El juez Viteri responsabilizó a Schettini de promover publicaciones con etiquetas como #LadyImpericia dirigidos a desprestigiar a Salazar.
Los antecedentes del caso detallan que Schettini llevaba tiempo enfrentada con la fiscal. Por ejemplo, Schettini acusó públicamente a Diana Salazar de plagiar su tesis doctoral y de fabricar pruebas contra su esposo, el ex Defensor del Pueblo Freddy Carrión. Carrión había sido procesado por abuso sexual y fue sentenciado a tres años de cárcel, de los cuales cumplió condena entre mayo de 2021 y mayo de 2024. En la denuncia original de Salazar, la fiscal señaló que las acusaciones de Schettini y Porras le causaron un “sufrimiento y humillaciones públicas” que menoscabaron sus derechos políticos, constituyendo actos de violencia política de género sistemática. Estos argumentos respaldaron la calificación de la infracción como muy grave.
