El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inhabilitó la candidatura presidencial de Jan Topic la noche del domingo 10 de noviembre de 2024, tras aceptar las impugnaciones presentadas por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el movimiento Pachakutik. La resolución, aprobada por cuatro de los cinco magistrados, se basa en un supuesto conflicto de intereses, ya que Topic mantendría un «control efectivo» sobre empresas con contratos vigentes con el Estado, pese a haber transferido sus acciones.
La decisión del TCE establece también que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe conceder un plazo al movimiento SUMA, partido de Topic, para inscribir un candidato alternativo en las próximas elecciones presidenciales de febrero de 2025. Además, ordena remitir el caso a la Fiscalía para investigar posibles delitos relacionados con las circunstancias de la candidatura.
Protestas y reclamos de Jan Topic
Previo a la resolución del TCE, Topic y sus simpatizantes se congregaron a las afueras de la sede del organismo en Quito, donde se manifestaron en contra de la posible inhabilitación. Con carteles y banderas, coreaban consignas como “Democracia sí, dictadura no”. En sus redes sociales, Topic había expresado su descontento, señalando directamente a Daniel Noboa y advirtiendo que “pelearía en la OEA y la CIDH” para defender su candidatura.
Al conocer la resolución, Topic reafirmó su intención de continuar con la lucha política y buscar el fortalecimiento de su partido en las próximas elecciones, mencionando que buscarán un candidato que represente sus ideales. A su vez, calificó a los jueces que votaron en su contra como “nefastos para el país”.
Argumentos y posiciones en el TCE
El juez sustanciador del caso, Ángel Torres, detalló que, a pesar de las transferencias de acciones a familiares, Topic mantiene el control de las empresas Telconet, Consorcio Tránsito Seguro y Megadatos, vinculadas con el Estado. Según Torres, el poder de decisión en las juntas directivas y en las operaciones estratégicas de estas empresas constituye un “control efectivo” que, en su criterio, descalifica al empresario para optar por la presidencia.
El fallo tuvo el respaldo de los jueces Joaquín Viteri, Guillermo Ortega e Ivonne Coloma, mientras que el magistrado Fernando Muñoz fue el único que emitió un voto en contra, destacando sus diferencias en la interpretación de los hechos. La resolución del TCE es definitiva, aunque una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional podría ser un último recurso, aunque el partido aún no se ha pronunciado al respecto.
