El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha tomado una decisión relevante al admitir la denuncia presentada por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Juan Guarderas, junto a Mónica Jaramillo, en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. La sentencia, emitida el viernes 8 de marzo del 2024, establece que el alcalde Muñoz ha incurrido en una infracción electoral grave.
La sanción impuesta al burgomaestre consiste en el pago de una multa de 9,200 dólares, equivalente a 20 salarios básicos unificados, que debe cancelar al Estado en un plazo de 30 días. Asimismo, se le exige emitir disculpas públicas a la ciudadanía por haber cometido esta falta electoral. Esta medida de disculpa se llevará a cabo utilizando los medios de comunicación del Municipio de Quito.
La base de la infracción electoral grave, de acuerdo con el artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia, se establece cuando: «los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, promueven el voto a favor de determinada preferencia electoral o respaldan económicamente a una organización política o candidato».
Aunque las sanciones estipuladas en el Código de la Democracia podrían haber implicado la destitución del cargo y la pérdida de derechos políticos por un período entre seis meses y dos años, el Tribunal Contencioso Electoral optó únicamente por la imposición de la multa económica y las disculpas públicas, así como la publicación de la sentencia en la página web del Municipio de Quito durante 15 días.
La acusación contra Muñoz se basó en su presunta participación en actividades de proselitismo político durante las elecciones presidenciales anticipadas del 2023. El denunciante, Juan Guarderas, presentó varios videos como evidencia donde se veía al alcalde de Quito junto a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Por su parte, Muñoz ha negado rotundamente haber cometido alguna infracción.
Tras conocerse la decisión del TCE, Guarderas expresó su opinión a través de su cuenta en la red social X, manifestando que «el mayor poder es la ciudadanía y la ley, y a ambas se las debe respetar, señor Pabel Muñoz«.
El fallo del Tribunal Contencioso Electoral implica una multa económica significativa para el alcalde de Quito, así como la obligación de ofrecer disculpas públicas por la infracción electoral grave cometida. El expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar la posible comisión del delito de suplantación de identidad, luego de que se señalara discrepancias en las firmas de la abogada Mónica Jaramillo en la denuncia respecto a su cédula de identidad. El equipo legal de Muñoz está evaluando el fallo para determinar si solicitarán aclaraciones o apelarán la decisión. Mientras tanto, Guarderas reitera la importancia del respeto a la ciudadanía y a la ley como pilares fundamentales de la democracia.
