Transcurridos dos años desde el inicio de la pandemia de Covid-19, las autoridades nacionales y locales deberían contar con la capacidad suficiente para adoptar medidas o imponer restricciones que, de alguna manera, puedan desacelerar el ritmo de contagio en el país, sin afectar de forma sustancial la actividad económica. Lamentablemente, las decisiones que adoptan tanto el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional como muchos Comités de Operaciones de Emergencia cantonales nos demuestran lo contrario.
En el caso particular de Guayaquil, se trata de una ciudad que, en su gran mayoría, vive del comercio y de la industria, por lo que imponer restricciones draconianas da como resultado un severo impacto en su ya de por sí deteriorada economía. En marzo y abril de 2020, ante la aparición de un virus desconocido y el colapso sanitario y funerario de la ciudad, resultaba entendible que se confinara a los ciudadanos y se adoptaran medidas restrictivas hasta conocer cuál sería el efecto de la pandemia. Transcurridos dos años insistir en las mismas medidas, que no detienen el contagio, ya no puede considerarse prevención, sino necedad.
Las medidas que adopten el COE Nacional y los COE cantonales deben tener como objetivo desacelerar el ritmo de contagios de COVID19 a efectos de evitar un colapso de hospitales y clínicas, así como un exceso de mortalidad, ya que ha quedado ampliamente evidenciado, ante la aparición de nuevas variantes del COVID19, que erradicar el virus es imposible. Carece de sentido, por lo tanto, solicitar el carné de vacunación para ingresar a centros comerciales, restaurantes y demás sitios de ocio, cuando es evidente que una persona vacunada puede estar contagiada de COVID19 y transmitirlo a otras personas. Esto no quiere decir que no se debe fomentar la vacunación; todo lo contrario, la vacunación ha demostrado ser la herramienta más útil para evitar la saturación hospitalaria y el exceso de mortalidad, pero la exigencia del carné de vacunación para acceder a determinados sitios no tiene efecto práctico en la desaceleración de los contagios.
Asimismo, la comunicación de las decisiones y las evidentes contradicciones entre el COE Nacional y algunos COE cantonales perjudican aún más la economía del país y tienen un efecto prácticamente nulo en la desaceleración de contagios de covid19. La reducción estricta de aforos en restaurantes, centros comerciales, cines, teatros conlleva una grave afectación a la economía de sus propietarios, sin que hasta la presente fecha se presenten datos o estadísticas que demuestren que dicha reducción tiene un verdadero impacto para reducir el contagio. Las autoridades nacionales y locales son incapaces de dar explicaciones satisfactorias a la ciudadanía para poder entender las medidas y, sobre todo, cumplirlas.
Una de las medidas más absurdas es el cierre de las escuelas. Muchos organismos internacionales, de forma reiterada, han señalado que lo primero que deben abrir y lo último que deben cerrar son las escuelas. Es inadmisible que centros comerciales, restaurantes, oficinas estén operativos y que la Metrovía opere al 100% de su capacidad, pero que los colegios sigan cerrados. Más aún, se habla de permitir aforo en los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Además, por otro lado, la alcaldesa de Guayaquil se jacta de haber clausurado un colegio por dar clase a 12 estudiantes que seguramente guardaban mucha más distancia de la que la alcaldesa guarda en sus reuniones de concejo cantonal.
Las autoridades nacionales y locales tienen el deber de explicar a los ciudadanos el motivo por el que se adoptan las restricciones y hacerlo con base y evidencia científica, no por simple temor o por dar la sensación a la ciudadanía de que “algo se está haciendo”. Basta ya de improvisación y restricciones absurdas que deterioran aún más la economía y ponen en peligro la salud mental de las personas, principalmente de los niños.
Autor: Ricardo Flores
Fuente: 4 Pelagatos
