Ecuador se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes luego de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de guerra, o ‘conflicto armado interno‘ respondiendo a una serie de eventos violentos que han sacudido al país en los últimos días.
Una de las medidas más destacadas de este estado de guerra es la imposición de un toque de queda, con la prohibición de que cualquier persona permanezca fuera de sus hogares después de las 23h00. El incumplimiento de esta medida conlleva consecuencias graves por parte de las fuerzas del orden público, que han sido autorizadas para hacer uso completo de la fuerza en el cumplimiento de su deber.
Este permiso para el uso de la fuerza total se extiende tanto a las fuerzas policiales como a las filas del ejército, y se ha concedido con la intención de permitir indultos a aquellos efectivos que, en el ejercicio de sus funciones, se vean obligados a utilizar la fuerza letal contra miembros de grupos catalogados como «terroristas» por el mandatario.
La decisión de Noboa de decretar el estado de excepción se basa en un conflicto armado interno, según explicó después de una serie de asaltos, entre ellos el asalto a un estudio de televisión en Guayaquil y la fuga del criminal más peligroso del país, Adolfo Macías, alias Fito. Los incidentes incluyeron toma de rehenes en el canal de televisión TC y ataques a instituciones públicas, como universidades, así como saqueos en la capital, Quito.
El presidente ordenó a las fuerzas militares restaurar el orden en las calles después de estos eventos violentos, que se produjeron en el contexto de graves disturbios en cárceles, con secuestros de policías y fugas de líderes de bandas delictivas.
Conflicto armado interno
La declaración de un conflicto armado interno por parte del presidente Noboa pone a Ecuador en una situación sin precedentes en los últimos años. Con este decreto, las Fuerzas Armadas se movilizarán en todo el territorio nacional para enfrentar a las organizaciones identificadas como terroristas por el Gobierno.
El conflicto armado interno implica, según el catedrático Efrén Guerrero, el uso de armas letales en el territorio de un Estado, lo que conlleva enfrentamientos de las Fuerzas Armadas con grupos organizados. Este conflicto requiere una movilización total de las Fuerzas Armadas para ejercer un control que permita realizar operaciones militares sostenidas en todo el país.
A pesar de que la fuerza pública siempre tiene el derecho a usar la legítima defensa, la declaración de conflicto armado interno implica un reconocimiento explícito de la autorización para el uso de armas letales contra los grupos terroristas, según la abogada penalista Paulina Araujo.
La revisión de la Corte Constitucional de este decreto de estado de excepción deberá establecer las reglas que se tomarán en cuenta para la toma de decisiones en esta situación, señala Guerrero, destacando que no se ha enfrentado una situación similar desde la guerra del Cenepa en 1995.
