El concejal Wilson Merino presentó una denuncia penal por presunto peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la compra de 60 trolebuses eléctricos. La acción se fundamenta en un informe de la Contraloría que detectó irregularidades administrativas y técnicas.
El proceso de adquisición de la flota, ejecutado entre abril y mayo de 2025, fue objeto de un examen de la Contraloría General del Estado que detectó incumplimientos en la normativa de contratación pública y glosas por millones de dólares.
El concejal metropolitano Wilson Merino ingresó la denuncia penal por presunto peculado ante la Fiscalía General del Estado, sustentando su acción en el informe de la Contraloría sobre la adquisición de trolebuses eléctricos. La denuncia fue presentada el 20 de enero de 2026 y apunta al alcalde Pabel Muñoz, al secretario de Movilidad, al gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y a otros funcionarios municipales involucrados en el proceso.
Hallazgos de la Contraloría: procedimientos y fallas técnicas
La Contraloría concluyó que la contratación no respetó la normativa aplicable para bienes normalizados, al no utilizarse la subasta inversa electrónica y optarse por un memorando de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sin justificación técnica, legal ni financiera suficiente. Además, el organismo identificó glosas por un monto total que supera los 2,5 millones de dólares y señaló que los trolebuses incumplen múltiples especificaciones técnicas, incluidas normas relacionadas con seguridad y diseño operativo.
Montos, costos y riesgos para el servicio público
Según el Municipio, la flota de 60 trolebuses tuvo un costo total de aproximadamente 35,3 millones de dólares, con un costo promedio por unidad estimado entre 539.000 y 581.364 dólares. La Contraloría detalló que pagos vinculados a la UNOPS por costos de implementación e indirectos suman 2.552.307,83 dólares sin la documentación que respalde su cálculo, lo que motivó las glosas y la identificación de un perjuicio económico para la ciudad. Asimismo, el informe advierte que deficiencias en hasta 15 especificaciones contractuales ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.
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Trámite judicial y fiscalización parlamentaria
Tras la presentación de la denuncia, la Fiscalía deberá calificar el hecho, asignar un fiscal y abrir diligencias en torno al presunto delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del COIP. Paralelamente, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó iniciar un proceso de fiscalización sobre la compra para determinar posibles responsabilidades administrativas y políticas relacionadas con la negociación.
