Los asambleístas del Partido Social Cristiano -PSC- Jorge Acaiturri y Vicente Taiano, junto con la Bancada de la 6 y Aliados, presentaron un proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Todo esto busca complementar y fortalecer las preguntas de la Consulta Popular.
El proyecto de ley contempla una serie de reformas significativas en varios aspectos del sistema penal, con un enfoque especial en delitos como extorsión, prevaricato, asociación ilícita y delincuencia organizada. Estas propuestas se alinean con las preguntas aprobadas en la Consulta Popular en materia de seguridad, buscando fortalecer el marco legal para
enfrentar estos graves problemas.
Una de las principales reformas se centra en el delito de extorsión, donde se propone un aumento en las penas, así como la inclusión de agravantes claras para el cálculo de la pena máxima. Estas agravantes incluyen la planificación, orden o ejecución del delito desde un lugar de privación de libertad, el uso de medios electrónicos para cometer la extorsión, y el uso de armas o explosivos en el proceso. Además, se establece que los condenados por este delito no podrán beneficiarse de ninguna medida penitenciaria durante su condena.
Otra reforma destacada es la inclusión de los jueces de la Corte Nacional en el delito de prevaricato, con el fin de evitar sentencias arbitrarias y el abuso de medidas legales que permitan a los delincuentes eludir su responsabilidad ante la justicia.
Además, se propone reformar los delitos de asociación ilícita y delincuencia organizada, especificando que la participación de funcionarios públicos en estos delitos conllevará no solo la privación de libertad, sino también la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
Finalmente, se plantea una reforma en las reglas del procedimiento abreviado para incluir los delitos de extorsión y secuestro extorsivo, buscando agilizar los procesos judiciales y garantizar una justicia más efectiva.
Esta iniciativa refleja el compromiso firme de la Bancada de la 6 y Aliados con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, buscando mejorar el marco legal para combatir la delincuencia y fortalecer el Estado de Derecho en el país.
