Entre los bienes incautados figuran haciendas, mansiones, gasolineras, bodegas, lubricadoras, ferreterías, talleres mecánicos y extensas plantaciones de palma africana, principales fuentes económicas de sus operaciones ilegales, informó la Policía Nacional.
En la madrugada del martes 9 de septiembre de 2025, las autoridades ecuatorianas ejecutaron un operativo de gran escala contra la organización criminal conocida como Comandos de la Frontera. La acción se desarrolló de forma simultánea en varias provincias del país y fue anunciada por el ministro del Interior John Reimberg como una intervención inédita en la lucha contra las estructuras económicas del crimen organizado.
El despliegue incluyó allanamientos coordinados y medidas de incautación sobre bienes vinculados a la presunta red de lavado de activos. El proceso de investigación y las operaciones sobre el terreno fueron liderados por la Policía Nacional con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, según los comunicados oficiales difundidos durante la jornada.
Despliegue y alcance del operativo
Las fuerzas realizaron allanamientos simultáneos en distintas provincias del país; los reportes públicos señalaron que la acción comenzó pasada la medianoche y se extendió en varias jurisdicciones donde la investigación había focalizado actividades económicas presuntamente ilícitas. En total, las autoridades informaron de decenas de intervenciones coordinadas en puntos identificados como parte del entramado.
Las provincias donde se realizaron labores incluyeron Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Cotopaxi y Tungurahua; la operación fue descrita por el gobierno como una acción simultánea que abarcó esas zonas.
Las instituciones encargadas informaron que la operación demandó trabajo de investigación previo y coordinación interinstitucional. Autoridades policiales y fiscales trabajaron con la información recabada durante la fase de investigación para justificar y ejecutar las medidas de allanamiento e incautación.
Bienes incautados y presunta estructura financiera
Durante los allanamientos las autoridades informaron la incautación de más de un centenar de bienes vinculados a la estructura investigada; entre los bienes requisados se encuentran haciendas, mansiones, gasolineras, talleres, depósitos comerciales y extensas plantaciones agrícolas que, según los informes, constituían las principales fuentes económicas de la organización.
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En los comunicados oficiales se indicó que algunas propiedades agrícolas sumaban cientos de hectáreas y que había inventarios de ganado asociados a predios incautados. También se detalló la presencia de empresas con actividades comerciales y servicios que, según las indagaciones, podrían haber sido utilizadas para el presunto blanqueo de capitales.
Las autoridades estimaron que el movimiento económico ligado a la estructura alcanzaba una cifra en el orden de los trescientos millones de dólares, valor que sirvió de referencia para calificar la magnitud del entramado investigado. Esa estimación fue citada por las autoridades durante las comunicaciones oficiales sobre el operativo.
Detenciones, imputaciones y contexto judicial
Como resultado de las intervenciones, las autoridades reportaron la detención de varias personas relacionadas con la red investigada; entre los arrestados figuran presuntos vinculados a la cúpula financiera del grupo y también miembros del círculo familiar del presunto cabecilla identificado en la investigación.
El presunto cabecilla, identificado en los expedientes como Roberto Carlos Álvarez, alias ‘Gerente’, fue detenido en el exterior meses antes y se encuentra en proceso de extradición; las autoridades señalaron que esa detención previa formó parte del contexto investigativo que permitió identificar las estructuras societarias y los circuitos financieros presuntamente utilizados por la organización.
La Fiscalía formuló cargos relacionados con presunto lavado de activos y presentó solicitudes ante la autoridad judicial para medidas cautelares contra los implicados y los bienes incautados; en paralelo se mencionó que las diligencias y la recopilación de pruebas requeridas para la acción habían tomado al menos un año de trabajo investigativo.
