Obligar a vacunarse

¿Es posible obligar a vacunarse? Hay dos formas de verlo. La una parte del deber ser, desde lo que esperaríamos que suceda y lo que creemos que debería decir el derecho a partir de nuestras convicciones. Seguramente esta perspectiva encontrará una oposición abierta de algunos sectores que consideran que la libertad individual es el valor más relevante y que el Estado no tiene que entrometerse en decisiones de salud; otro enfoque desde ese deber ser, y que sospecho mayoritario, considera que la vacunación contra el covid-19 debería ser obligatoria, porque eso nos brinda mayor protección. La otra forma de ver el tema es la normativa, la del ser; es decir, si existe o no, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la posibilidad de establecer en nuestro país la vacunación obligatoria.

Casi todos los derechos pueden ser limitados, no son absolutos; esas limitaciones se justifican, en términos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando están dirigidas a un fin legítimo o al interés general en una sociedad democrática. Las restricciones deben responder a una necesidad social imperiosa, ser proporcionales y razonables para el fin buscado. En ningún caso pueden aplicarse de forma discriminatoria y solo es admisible cuando no existen otros medios menos gravosos.

¿Cuáles son los fines legítimos? Los instrumentos internacionales y la Constitución establecen que esos fines deber ser los necesarios para proteger la “seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. Las restricciones a derechos solo pueden establecerse mediante una ley orgánica. Ahora bien, no toda medida es posible o aceptable; de ningún modo, por ejemplo, podría decidirse la administración forzosa de las vacunas o la restricción a derechos como la salud o la educación.

Obligar a vacunarse es una injerencia en la vida privada, en la libertad personal o el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre la salud, pero imponer ciertas medidas de bioseguridad u obligar a portar el carné de vacunación para ciertas actividades es posible. De hecho, algunas de esas medidas podrían tomarse sin necesidad de aprobar una ley, si tomamos en cuenta que están contempladas en el dictamen 5-20-EE/20 de la Corte Constitucional, en el que constan esas atribuciones como propias de la Administración Pública Central y de los gobiernos locales, y como posibles a partir de la normativa vigente; ejemplos son: limitaciones en el transporte, espectáculos públicos, circulación vehicular, clases presenciales, acceso a playas y espacios públicos, ingreso a centros comerciales, gimnasios, visitas a hospitales o centros de salud, jornadas y modalidades de trabajo, medidas de bioseguridad, ingreso de extranjeros o ecuatorianos residentes en otros países, etc.

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Artículo de Farith Simon: “Obligar a vacunarse”

Lo deseable sería que la vacunación se generalice por una decisión voluntaria; para ello está la información basada en evidencia científica.

Pero es posible tomar medidas para que los que decidan no vacunarse no pongan en riesgo a los demás, en especial a los vulnerables y que no pueden protegerse. El lograr la inmunidad colectiva es un fin legítimo.

Autor: Farith Simon

Fuente: El Comercio

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