La fiscal general del Estado, Diana Salazar, y el fiscal subrogante, Wilson Toainga, anunciaron el martes 8 de abril de 2025 que se prorrogarán en sus funciones hasta que se designe a sus reemplazos. La decisión se tomó después de que se cumplieran los seis años de su periodo constitucional, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha culminado el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía. Los funcionarios informaron a través de un video publicado en las redes sociales que, tras consultar a la Procuraduría General del Estado, se estableció el procedimiento para garantizar la continuidad institucional y el acceso a la justicia durante la transición.
La consulta realizada a la Procuraduría determinó que “los servidores judiciales nombrados para un determinado período pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados”, lo que permitió que tanto Salazar como Toainga continuarán en el cargo sin interrupciones. Durante el video, ambos enfatizaron la necesidad de que el CPCCS finalice el proceso de selección de nuevas autoridades conforme a los requisitos legales vigentes, asegurando una transición ordenada.
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Fundamento Legal y Procedimientos
El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece en su artículo 283, en el penúltimo inciso, que el periodo de funciones del fiscal general es de seis años sin posibilidad de reelección. Una vez concluido este periodo, la máxima autoridad puede mantenerse en funciones prorrogadas hasta que se efectúe la designación de un reemplazo. Asimismo, el artículo 47 de la norma señala que el fiscal subrogante debe sustituir al titular en caso de ausencia temporal o justificada, o, en situaciones de ausencia definitiva, se procede de inmediato a llenar la vacante. Frente a este marco normativo, la consulta a la Procuraduría confirmó la posibilidad de ejercer funciones prorrogadas para asegurar la representación institucional.
Proceso de Selección de Nuevas Autoridades
El concurso público que debería gestionar el CPCCS para designar a la primera autoridad de la Fiscalía se encuentra en una fase irregular. Hasta el momento, se ha aprobado un reglamento —emitido en septiembre de 2024— y se ha integrado una veeduría compuesta por más de 540 personas. En febrero de 2025 se habilitó la participación de los veedores, quienes serán capacitados sobre las funciones y atribuciones que desempeñarán en este proceso. No obstante, aún falta definir la normativa para la calificación de méritos de los miembros de la comisión ciudadana, organismo encargado de evaluar las postulaciones a través de parámetros que suman 100 puntos, distribuidos entre méritos, pruebas escritas y exámenes prácticos.
Durante el periodo a cargo, la fiscal Diana Salazar ha enfrentado casos de alto perfil, habiendo asumido funciones tras haber procesado, entre otros, casos relacionados con corrupción y delincuencia organizada. En el video, Toainga hizo énfasis en el compromiso de la Fiscalía de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad, mientras esperan la culminación del concurso para la designación de nuevas autoridades, cuya fecha todavía no ha sido definida.
