La seguridad social debe dejar de pertenecer a los actores políticos y volver a quienes la financian: los ciudadanos
La seguridad social ha entrado en una cuenta regresiva. El sistema fue diseñado para que ocho afiliados cotizantes financien la pensión de un jubilado. Hoy apenas existen cinco y, si las tendencias demográficas continúan, hacia 2040 habrá tres. Las matemáticas son implacables: un esquema así no puede sostenerse.
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En 2026, el pago de pensiones bordea los 7.500 millones de dólares. Las aportaciones generan 3.400 millones y el Estado aporta 2.700 millones mediante el subsidio del 40 por ciento. Queda un déficit de 1.400 millones que debe cubrirse consumiendo el Fondo de Pensiones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya no vive de los rendimientos de sus reservas: empieza a gastarse el capital. A este ritmo, el fondo se agotará en menos de cuatro años.
La seguridad social se ha convertido en el mayor subsidio estatal. En 2026 absorberá 3.600 millones de dólares de recursos fiscales, más de la mitad de todos los subsidios, y ese costo crece 300 millones cada año. Ningún país puede sostener esa trayectoria.
Pero el sistema es profundamente injusto. Existe un subsidio regresivo dentro del Instituto: proporcionalmente reciben mayores beneficios quienes tuvieron salarios más altos. También hay un subsidio fiscal regresivo: todos los contribuyentes financian un sistema que beneficia a quienes accedieron al empleo formal, mientras millones quedan excluidos. Y existe una injusticia intergeneracional: los jóvenes financian las pensiones actuales, pero probablemente recibirán prestaciones menores.
Postergar la reforma hará que los ajustes futuros sean más dolorosos. La solución exige un acuerdo nacional. Una comisión técnica independiente debe construir “combos” de aportes, edad de jubilación, beneficios y subsidios, para que los afiliados escojan mediante votación. Pero toda reforma debe partir de un principio: congelar el crecimiento del subsidio estatal.
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El país debe separar salud y pensiones. El Ministerio de Salud debe asumir gradualmente los servicios médicos, mientras la seguridad social concentra sus recursos en proteger las jubilaciones.
Sobre todo, debemos devolver el sistema a los ciudadanos. La respuesta no es privatizarlo, sino introducir competencia y libertad de elección: crear cuentas individuales, permitir que cada trabajador escoja entre el Instituto y otros fondos previsionales, y mantener un fondo solidario para quienes lo necesiten.
Las cuentas individuales eliminan el incentivo político de utilizar los ahorros para otros fines y fortalecen la propiedad del trabajador sobre sus aportes. La competencia obliga a los administradores, incluido el Instituto, a ofrecer mejores rendimientos, menores costos y mejor servicio. La seguridad social debe dejar de pertenecer a los políticos y volver a quienes la financian: los ciudadanos. Antes de que sea demasiado tarde.
Autor: Alberto Acosta-Burneo
Fuente: Vistazo