En las próximas horas la Fiscalía General del Estado iniciará un nuevo proceso penal contra funcionarios del Municipio de Quito, esta vez de la Secretaría de Movilidad y Obras Públicas, en base a un informe con indicios de responsabilidad penal que acaba de emitir la Contraloría General del Estado tras un examen especial al proceso de contratación de la repavimentación de 150 kilómetros de vías en Quito.
El proceso de repavimentación de 100 kilómetros de vías al sur de Quito y 50 kilómetros al norte inició el 19 de noviembre de 2019. Tras un proceso contractual declarado en emergencia, la Secretaría de Movilidad y Obras Públicas hizo una invitación directa a la compañía inmobiliaria y comercializadora Inmosolución sin justificar la necesidad ni la conveniencia técnica ni económica para su posterior contratación. Y pese a que la invitación directa fue a Inmosolución, la Contraloría General observa que la oferta fue presentada por un consorcio denominado ‘Repavimentación Quito‘, conformado por la compañía inmobiliaria Inmosolución, con el 75%; y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con el 25%, con el que la EMMOP suscribió el 7 de noviembre de 2019 el contrato por más de 30 millones de dólares, incumpliendo así su propia resolución, según dice la Contraloría.
El informe con indicios de responsabilidad penal, que establece la Contraloria, sostiene también que los pliegos de contratación se adecuaron para favorecer a la compañía inmobiliaria y comercializadora Inmosolución, a fin de que le sea adjudicado el contrato.
Y agrega la Contraloría que ha verificado que el consorcio cedió a las compañías G. y HC. una parte de la ejecución de los trabajos del contrato.
