Estados Unidos ha prohibido la entrada a su territorio al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, acusándolos de estar involucrados en actos significativos de corrupción durante sus gestiones. La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado de EE. UU. el 9 de octubre de 2024, resaltando que ambos exfuncionarios abusaron de sus cargos al aceptar sobornos a cambio de contratos gubernamentales favorables.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que Correa y Glas no son elegibles para ingresar a Estados Unidos debido a su participación en actos corruptos que han dañado la integridad gubernamental. La medida también se extiende a sus familias, incluyendo a la esposa de Correa, Anne Malherbe Gosselin, y sus hijos adultos, así como a la esposa de Glas, Cinthia Díaz Aveiga, y su hijo mayor.
Esta acción se enmarca dentro de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, que busca sancionar a funcionarios que incurran en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. La prohibición no tiene un límite de tiempo y reafirma el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción en el ámbito global.
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Contexto Legal y Judicial
Rafael Correa se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana en Bélgica desde 2018, año en el que se emitió una orden de prisión por su implicación en el secuestro del político Fernando Balda. En 2020, fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso conocido como «Sobornos». Por su parte, Jorge Glas, quien cumple una pena de prisión en el centro penitenciario La Roca, ha sido sentenciado por su vinculación en varios casos de corrupción, incluyendo el escándalo de Odebrecht.
Ambos exmandatarios tienen pendientes reparaciones económicas al Estado que no han cumplido. Correa debe pagar 778,224 USD, mientras que Glas enfrenta una deuda de 7,5 millones de USD por el caso Odebrecht y 778,224 USD por el caso Sobornos.
Declaraciones del Departamento de Estado
El Departamento de Estado de EE. UU. manifestó su apoyo a los ciudadanos ecuatorianos, así como a aquellos en la sociedad civil que luchan por mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Esta decisión subraya que, sin importar el rango o cargo que ocupen, ningún funcionario público está exento de la ley.
Con esta prohibición, Estados Unidos envía un claro mensaje sobre su compromiso en la lucha contra la corrupción en América Latina y la importancia de la transparencia en las administraciones públicas.