El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 134 este martes 16 de septiembre de 2025, que declara el estado de excepción en siete provincias de Ecuador por una “grave conmoción interna” originada en paralizaciones, cierres de vías y actos de violencia.
Según el decreto, la medida se aplica a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, donde, según el gobierno, se concentran la mayoría de los actos violentos y las paralizaciones que afectan el orden público.
La declaratoria de estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días, salvo que se decida su terminación anticipada, y busca detener la radicalización de las medidas de hecho que han afectado la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas en las zonas señaladas.
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Medidas y alcances del decreto
El decreto establece la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las siete provincias afectadas, aunque el documento aclara que no se restringe el derecho a manifestarse siempre que las protestas sean pacíficas y no vulneren los derechos del resto de la ciudadanía.
Se autoriza la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reforzar el control y el restablecimiento del orden público; la participación de las Fuerzas Armadas es descrita por el Ejecutivo como complementaria a las acciones de la Policía, y su intervención debe regirse por principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
El decreto indica que la movilización de la Fuerza Pública tendrá como objetivos garantizar la integridad ciudadana, el libre tránsito, el libre desarrollo de actividades económicas y la protección del patrimonio público y privado.
Contexto y motivo de la declaratoria
El Ejecutivo atribuye la medida a la “grave conmoción interna” derivada de paralizaciones, cierres de vías y actos de violencia que, según el decreto, han alterado el orden público y puesto en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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Las protestas se han producido en el contexto de la eliminación del subsidio al diésel, medida que provocó movilizaciones y bloqueos en varias regiones del país; el gobierno señala que la declaratoria es una respuesta a la creciente radicalización de estas acciones.
La vigencia, el alcance territorial y las facultades dispuestas en el Decreto Ejecutivo No. 134 quedan establecidas en el texto oficial firmado por el presidente el 16 de septiembre de 2025; la aplicación práctica de la medida y su seguimiento serán responsabilidad de las autoridades competentes durante el periodo declarado.
