El Pleno de la Corte Constitucional (CC) destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, durante una sesión que se llevó a cabo el viernes 6 de octubre a partir de las 15:00 horas. La votación, que concluyó con ocho votos a favor y un voto salvado, marcó el final del mandato de Vera, quien fue acusado de desacatar el Dictamen 2-19-IC/19 de la CC.
La decisión también implicó la destitución del coordinador general de asesoría jurídica, Ismael Merizalde, y del juez de Montecristi, Patricio Quimís. En su lugar, se espera que Juan Esteban Guarderas, abogado y miembro de la Fundación Lucha Anticorrupción, asuma el cargo de consejero del CPCCS, habiendo quedado cuarto en las elecciones del 2023.
La controversia surgió a raíz de la creación de una Veeduría Ciudadana para evaluar las acciones administrativas y la designación de jueces del Consejo Transitorio, liderado por Julio César Trujillo Vásquez, que funcionó desde marzo de 2018 hasta junio de 2019. La mayoría del CPCCS, afín a Vera, había iniciado un proceso para determinar si el título de la Fiscal Diana Salazar era falso, además de dar paso a la conformación de una veeduría para analizar el proceso de evaluación y selección de los jueces de la actual Corte Constitucional.
En una reunión previa, tres de los siete consejeros del CPCCS, la vicepresidenta Nicole Bonifaz y los vocales Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, se distanciaron de la decisión de Vera de conformar la veeduría ciudadana, argumentando que la decisión fue unilateral y que no fueron consultados al respecto.
Después de la destitución de Vera, Juan Esteban Guarderas se pronunció y anunció su intención de transparentar el controvertido concurso para seleccionar al nuevo Contralor, así como fiscalizar a los gobiernos locales para garantizar la existencia de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia.
La decisión de la CC ha generado reacciones en la política ecuatoriana. El expresidente Rafael Correa, quien apoyó a los candidatos de «la liga azul» al CPCCS, calificó la destitución como «un abuso y un golpe al Estado de Derecho«.
La Corte Constitucional continúa con la fase de verificación para asegurar el cumplimiento de las medidas y evaluar a los consejeros restantes, así como a los demás servidores del CPCCS, según sus actuaciones. La incertidumbre política persiste en Ecuador tras esta drástica decisión del máximo tribunal del país.
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