El crimen del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, fue político. Esta es la conclusión a la que llegó la comisión ocasional de la Asamblea Nacional encargada de investigar este asesinato ocurrido durante un mitin político en agosto del año anterior.
Las constantes denuncias de Villavicencio, vinculadas a temas petroleros, sobreprecios y negociados en la construcción de obras gubernamentales, le trajeron incomodidad a cierto sector político.
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El informe también señala las amenazas y atentados que recibió Villavicencio así como la responsabilidad que tenía la Policía Nacional de brindarle custodia durante sus recorridos como candidato a la Presidencia de la República. El análisis de riesgo que tenía llegó al 93%.
«Él debía haber tenido de 9 a 13 personas que estén a su lado, pero no llegó a tener ese número, solo tuvo de cuatro a seis personas. Eso quiere decir que efectivamente hubo una omisión«, este fue el criterio del asambleísta Adrián Castro, vicepresidente de la comisión ocasional que investiga el magnicidio de Villavicencio.
El documento también destaca que este crimen, sus autores, cómplices, encubridores, financistas y responsables materiales e intelectuales deben ser identificados y sancionados en el marco de la ley, para que no quede en impunidad. La muerte de Fernando Villavicencio clama por justicia y Ecuador necesita asegurarse de que no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo.
El informe fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra. En esta cita estuvieron presentes varios coidearios de Villavicencio, así como familiares y amigos.
En sus conclusiones, responsabilizan a máximas autoridades del gobierno anterior, a la Policía Nacional y al servicio carcelario por su acción o inacción para evitar el crimen o entorpecer las investigaciones. Sobre el expresidente Guillermo Lasso, indica que es el responsable de designar al Alto Mando Policial y que no garantizó la seguridad pública. «De haber cumplido a cabalidad sus funciones, se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría el país, producto de la cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el de Fernando Villavicencio«, concluyó el informe.
La comisión también responsabilizó al exministro del Interior, Juan Zapata, por no supervisar el servicio de protección asignado a Villavicencio y no garantizar la formación y especialización del personal.
