Cerca de la medianoche del 15 de agosto, el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por Marcela Aguiñaga, presentó una impugnación contra la precandidatura presidencial de Christian Zurita Ron. Esta acción surge como respuesta al reemplazo de Zurita por Fernando Villavicencio, quien fue asesinado a tiros el pasado 9 de agosto tras un mitin político en Quito.
La objeción presentada por el movimiento correísta se centra en tres aspectos. En primer lugar, señala que Christian Zurita estaría afiliado a otra organización política distinta a la que lo respalda actualmente, es decir, el movimiento Construye. Segundo, argumenta que no habría cumplido con el requisito de renunciar con al menos 90 días de anticipación a la fecha de cierre de las inscripciones de candidaturas. Por último, alega que no habría obtenido la autorización previa de la organización política actual para la que se postula.
El movimiento Construye, en respuesta a la impugnación, defiende la candidatura de Zurita. Asegura que el 13 de agosto presentaron una solicitud de nulidad de afiliación a una organización política previa, y que Zurita cumple con todos los requisitos para participar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto.
Marcela Aguiñaga, presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, argumenta su objeción amparándose en el artículo 336 del Código de la Democracia, que establece restricciones para la participación de afiliados en candidaturas de otras organizaciones políticas.
En medio de este proceso, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ofreció agilidad en el trámite. Se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir y se determine si la candidatura de Christian Zurita puede seguir adelante.
Esta situación subraya las tensiones y disputas políticas que rodean el proceso electoral, revelando la preocupación de diferentes actores por la configuración de las candidaturas y su impacto en el escenario político del país.
El caso de Zurita, quien reemplaza a Villavicencio después de su trágica muerte, refleja cómo las luchas y los cuestionamientos persisten aún después de los hechos de violencia. La decisión sobre su candidatura se espera en los próximos días, mientras el proceso electoral se acerca a su fecha clave del 20 de agosto.
En este contexto de incertidumbre y disputa, el futuro político de Ecuador sigue siendo objeto de debate y controversia.
