El presidente Daniel Noboa envió al Registro Oficial la denominada ‘Ley Antipillos’ mediante el Decreto Ejecutivo 477, pese a haber sido archivada por la Asamblea Nacional. La normativa busca combatir el lavado de activos y fortalecer los controles económicos, además de imponer un impuesto de hasta el 5% para la comercialización de vehículos usados en Ecuador.
El mandatario justificó su decisión argumentando que la situación de inseguridad en el país requiere acciones urgentes y contundentes. Según Noboa, esta ley es fundamental para frenar el avance del crimen organizado, reforzar la seguridad ciudadana y garantizar un entorno más seguro para los ecuatorianos. A pesar de estas declaraciones, sus críticos han señalado que la medida podría desatar conflictos legales y afectar el equilibrio de poderes entre las funciones del Estado.
Tabla de contenidos
¿Qué es la ‘Ley Antipillos’?
Esta Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos propone cambios significativos:
- Impuestos a carros usados: Se introduce un gravamen progresivo, no mayor al 5%, para quienes compren vehículos de segunda mano.
- Regulación a clubes deportivos: Se implementan medidas de control financiero específicas.
- Reformas a la UAFE: Amplía las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, permitiendo multas, congelamiento de fondos y mayor colaboración con otras entidades estatales en la lucha contra el crimen organizado.
Contenido y alcances de la ‘Ley Antipillos’
La «Ley Antipillos» incluye un conjunto de disposiciones diseñadas para fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra la delincuencia. Entre sus principales puntos destacan:
- Fortalecimiento institucional: Mejorar la capacidad de entidades encargadas de combatir el lavado de activos.
- Regulación y control: Implementar medidas específicas para rastrear y evitar el ingreso de dinero ilícito.
- Lucha contra el crimen organizado: Abordar la financiación de grupos delictivos responsables de la creciente violencia en Ecuador.
Estas medidas han generado preocupación en algunos sectores, especialmente entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de abusos y posibles excesos en la aplicación de la normativa.
Reacciones y desafíos
La publicación de esta ley no solo ha provocado críticas desde la Asamblea, sino también debates intensos entre analistas legales y expertos en seguridad. Algunos destacan la urgencia de medidas drásticas ante el incremento de la violencia, mientras que otros cuestionan la constitucionalidad de su promulgación vía decreto, sin el respaldo del poder legislativo.
Sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han anunciado que presentarán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Por su parte, el Ejecutivo se mantiene firme en que esta normativa es una herramienta legítima y necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El impacto a mediano plazo
Con la «Ley Antipillos» ya en vigencia, las miradas estarán puestas en su implementación y en los resultados que logre en la lucha contra el crimen organizado. A corto plazo, el gobierno enfrenta el desafío de demostrar que esta normativa puede generar un cambio tangible en la seguridad del país, sin violar derechos fundamentales ni exacerbar conflictos políticos.
