Tal parece que Rafael Correa gobernó rodeado de colaboradores que son unos “miserables”, “oportunistas”, “traidores”, “delincuentes”, “prófugos de la justicia”, “oscuros y poderosos personajes” que tienen vínculos con “sectores que han asolado al país”, que “forjan documentos”, “llegan a acuerdos para cubrirse las espaldas”, “compadritos lindos” y “mediocres operadores” a los que “se les cae la máscara” o “tienen cargos regalados a dedo”.
Eso dicen, unos de otros, quienes fueron altos funcionarios del gobierno correísta. No se trata de acusaciones o calumnias de los “amargados de la oposición” o la “prensa corrupta”, sino de epítetos con que califican cercanos colaboradores de Correa a sus propios “compañeros”, “panas” y “hermanos”.
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| Artículo de Enrique Ayala Mora: «Correa y sus ‘colaboradores'» |
Por ello, lo que le queda al país, a la Función Judicial especialmente, es acelerar los procesos penales de esos funcionarios que, entre otros, con el testimonio de miembros del gobierno del que formaron parte, deber ser castigados con todo el rigor de la Ley. La corrupción más escandalosa de la historia nacional no puede ser tolerada.
Pero si siguen en altas funciones los “prófugos de la justicia”, “oscuros y poderosos personajes”, que “forjan documentos”, “llegan a acuerdos para cubrirse las espaldas”, o “tienen cargos regalados a dedo”, ¿habrá garantía de que esos procesos judiciales sean transparentes y libres de presiones? Si un ex ministro estrechamente vinculado a Correa sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional, ¿con que legitimidad podrá seguir dirigiendo la Función Legislativa? Si un ex asesor de Correa va a seguir siendo fiscal, ¿qué confianza se podrá tener en su calidad de acusador?
El actual Fiscal General fue “designado” en uno de los procesos tramposos con que Correa puso incondicionales en puestos claves para cubrirse las espaldas, a través de un Consejo de obedientes anónimos. Y, justo es reconocerlo, ha cumplido su mandato, porque ha entorpecido los procesos en varias formas y, cuando no ha tenido más remedio, ha acusado de delitos menores a los correístas enjuiciados, para que reciban sentencias de unos pocos años y no sean convictos de crímenes como peculado y corrupción mayor, como fue el caso de Glas.
Si, como sus propios incondicionales lo dicen, Correa gobernó rodeado de estos personajes, él debe enfrentar personalmente a la justicia. Debe ser enjuiciado por los manejos de la deuda pública y por los sobreprecios en contratos realizados al amparo de decretos presidenciales ad hoc firmados por él. Pero para ello se necesita una Fiscalía mínimamente confiable, que no lo proteja, y una Asamblea que no sea dirigida por quienes habrían encubierto que se haya facturado para justificar los muertos del 30-S. Correa dirigió el país con sus “colaboradores”, pero él es el primer responsable.
Autor: Enrique Ayala Mora
Fuente: El Comercio