El proyecto de Ley fiscal enviado como urgente por el Ejecutivo pasó mediante el ministerio de la Ley, cuando la Asamblea Nacional no tuvo los votos para aprobarlo o negarlo. El Gobierno sabía que no iba a tener mayoría para aprobarla y por ello buscó que la Legislatura se entrampara en el trámite, para que no se aprobara nada y así entrara en vigencia como fue presentada.
La Constitución establece que si en el plazo de 30 días la Asamblea no aprueba, modifica o niega el proyecto calificado de urgente en materia económica, el Presidente lo promulgará como decreto-ley. En la sesión en que se definió el asunto, la moción de aprobar el informe de mayoría de la Comisión fue negada. La siguiente propuesta fue que se niegue el informe de mayoría y se pase a conocer el informe de minoría. Allí se armó una confusión.
Cuando se propuso negar y archivar el proyecto de Ley, lo cual lo hubiera sepultado, la bancada del correísmo no votó por la moción de negar y archivar la Ley. En consecuencia, no hubo pronunciamiento del Legislativo sobre el proyecto económico urgente y se convirtió en Ley, a pesar de la presunta oposición de UNES, que, en la práctica, actuó en tramposo acuerdo con el Gobierno para que la Ley entrara en vigencia, pese a las feroces críticas que hizo de su contenido y consecuencias.
El bloque correísta planea demandar la inconstitucionalidad de la Ley a sabiendas de que solo será un gesto retórico, ya que los hechos están dados. Paola Cabezas, jefa de ese bloque, dijo que su bancada no se abstuvo, sino que así apareció en las carteleras. El hecho es que permitió con su actitud que una ley de ajuste neoliberal pasara. Los procedimientos son evidentes.
El Gobierno espera recaudar lo que estimaba desde el inicio: USD 1 900 millones en dos años. El impuesto a la renta para las personas naturales se cobrará para aquellos con ingreso a partir de los USD 2 000 mensuales. Además, las empresas con patrimonios superiores a los USD 5 millones deberán contribuir con un 0,8% por dos años. El golpe más duro se da a las clases medias, que deberán pagar más impuestos, pese a la retórica oficial.
Hay otras medidas en el proyecto, pero lo que queda claro es que los grupos medios de ingresos fijos y formales llevarán la peor parte, aunque también se afecta a emprendedores de origen popular. Las cargas para quienes más tienen, aparte de ser temporales, no son proporcionadas, ya que la Ley es mas bien regresiva.
El gobierno de Lasso pagará el precio de haber gravado a sus principales electores, que quizá no recordarán el éxito de la campaña de vacunación cuando les toque pagar sus impuestos. Por su parte, Correa y sus adictos también le deben al país una explicación por su actitud cómplice con el neoliberalismo, aunque podemos esperar un acto más del cinismo de costumbre.
Autor: Enrique Ayala Mora
Fuente: El Comercio
