La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en la compra de chalecos por parte de Agencia Nacional de Tránsito durante la administración de Ricardo Antón. En julio del año pasado la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entregó unos tirantes, llamados chalecos de seguridad, a los motociclistas del país, quienes debían portarlos obligatoriamente al momento de conducir.
Sin embargo, la calidad de los chalecos es deplorable y en pocas semanas era evidente su deterioro. Inclusive en los controles que realiza la Policía Nacional para verificar su uso obligatorio se dificulta el imponer sanciones por su pésimo estado.
Y si eso ocurría hace ocho meses, hoy es mucho más evidente el estado de los tirantes.
A más de la mala calidad, la Contraloría determinó una serie de presuntas irregularidades en el contrato suscrito por Ricardo Antón.
Primero, que a pesar de que solo existen 155 mil motos matriculadas a nivel nacional, se adquirieron 600 mil chalecos y luego un segundo contrato por 600 mil chalecos más.
Es decir que la necesidad de adquisición no fue justificada. Los dos contratos suman cerca de 10 millones de dólares.
Además, IMC, empresa incautada que ganó la licitación para vender los chalecos, incumplió varios requisitos y además subcontrató a otra compañía, que a su vez fue la que adquirió los chalecos a dos empresas chinas.
Esto está prohibido por la ley, lo cual fue advertido varias veces por el Instituto de Compras Públicas. Sin embargo, la negociación siguió.
La Contraloría establece que la empresa IMC debe pagar una multa de 1 millón 635 mil dólares, porque, además, no se cumplió el plazo de entrega.
Pero a más de las sanciones administrativas, hay indicios de responsabilidad penal por lo que el caso actualmente está en manos de la Fiscalía.
