El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un amplio operativo contra presuntos actos de corrupción en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. La acción, denominada “Caso Ornato Municipal” u “Operativo Quimérico”, se desarrolló la madrugada del jueves 7 de agosto de 2025 y se extendió a provincias vecinas, en respuesta a una denuncia ciudadana que alertó sobre irregularidades en la adjudicación de obras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Pujilí.
Durante el despliegue, las autoridades detuvieron al alcalde José Alcides Arroyo Cabrera, electo en las seccionales de 2023, junto a varios funcionarios y particulares presuntamente vinculados al desvío de fondos estatales. La Fiscalía General del Estado atribuye al primer personero municipal el presunto delito de peculado, derivado de contratos de obras que habrían sido direccionados indebidamente.
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Detalles del operativo
El operativo incluyó 20 allanamientos simultáneos en inmuebles del GAD de Pujilí y en domicilios de colaboradores y otras personas investigadas, localizados en Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. En el procedimiento se incautaron evidencias como computadoras, memorias externas, comprobantes de depósitos, documentación física y teléfonos celulares, todos ingresados a cadena de custodia para su análisis.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, 17 personas fueron aprehendidas: 13 funcionarios municipales, tres ciudadanos particulares y una empleada pública, además del alcalde José Arroyo, quien fue detenido en su residencia.
Antecedentes y presuntas irregularidades
Las primeras alertas sobre posibles actos de corrupción en la gestión de Arroyo datan de 2024, cuando el vicealcalde y dos concejales del cantón presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía. A raíz de ello, en octubre de ese mismo año, la Contraloría General del Estado emprendió una auditoría al Municipio de Pujilí, enfocada en un contrato de ornato urbano que habría presentado inconsistencias en sus procesos de adjudicación.
La investigación apunta a que algunas obras públicas podrían haber sido financiadas o atribuidas bajo la figura de donaciones, pese a ya estar ejecutadas, lo que podría implicar un uso indebido de recursos y un direccionamiento de concursos de contratación. Arroyo Cabrera, quien en los comicios de 2023 obtuvo el 63,67 % de los votos bajo la coalición Unión Cantonal por el Cambio (Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática y Partido Socialista Ecuatoriano), enfrenta ahora este proceso judicial por supuestas faltas graves en su administración.
