Ecuador exigirá desde hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a ciudadanos de una lista de 45 países determinada por el Gobierno, en una medida que, según la Cancillería, busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio. La disposición se ampara en la reforma del artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, incorporada a través de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, y entrará en vigencia a partir de la fecha indicada.
El trámite debe realizarse desde el país de residencia del solicitante, a través de la plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad. Las autoridades detallaron montos asociados al proceso: un formulario de solicitud con un costo de 50 dólares y la visa propiamente dicha por 30 dólares, suma que en conjunto representa 80 dólares por el trámite.
Países afectados
A partir del 1 de septiembre de 2025, la lista oficial incluye a los siguientes 45 países cuyos ciudadanos deberán tramitar la visa de transeúnte para ingresar a Ecuador:
- Afganistán
- Albania
- Angola
- Bangladés
- Birmania (Myanmar)
- Camerún
- Corea del Norte
- Chad
- Costa de Marfil
- Cuba
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Filipinas
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bisáu
- Haití
- India
- Irak
- Irán
- Kenia
- Kirguistán
- Libia
- Malí
- Mauritania
- Nepal
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- República Democrática del Congo
- República Popular China
- Senegal
- Sierra Leona
- Siria
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tayikistán
- Uzbekistán
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
Requisitos y objetivo de la visa de transeúnte en Ecuador
El proceso debe iniciarse fuera del territorio ecuatoriano y gestionarse en la plataforma digital del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad. El solicitante completará el formulario de solicitud en línea desde su país de residencia y, una vez aprobado, recibe la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para presentarla al ingreso al país.
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La implementación de la medida se realizará en apego a la normativa vigente y con disposiciones orientadas al respeto de los derechos de las personas en movilidad humana. Las autoridades señalaron que la exigencia tiene como objetivo principal mejorar los mecanismos de control migratorio y la seguridad, manteniendo los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
