Si no robaran tanto…

Si no robaran tanto, la plata alcanzaría para atender y hacer obras. Palabras contundentes del representante del Ejecutivo ante el Seguro Social y por tanto presidente del Consejo Directivo. Esa es la realidad que ha vivido el sector de la salud, lo que ocurriera en sus unidades hospitalarias, con una galopante corrupción, compras con millonarios sobreprecios en uno de los principales servicios que atiende el Instituto, pero no el único, y que refleja parte de la crisis.

Por ello resulta esencial las reformas urgentes, planes y esfuerzos empeñados para depurar la estructura interna con planificación, adecuar a la nueva tecnología, recuperar sus finanzas e inversiones, mejorar con transparencia y agilitar la atención del sector de salud, una de las principales esperanzas de afiliados y jubilados, entre otras demandas justas.

Sin embargo, el problema no solo se ha evidenciado en este Instituto importante. Se refleja como eje transversal en medio de altos niveles de impunidad. En los 10 años del correísmo, la Comisión Nacional Anticorrupción estimó el usufructo de decenas de miles de millones de dólares y por ello el establecimiento de juicios penales y unas pocas sentencias contra exaltos funcionarios, algunos en la cárcel y muchos prófugos, mientras sus defensores sueñan con la revisión de sentencias ejecutoriadas, pese a tantas pruebas presentadas en los procesos.

Qué peor espectáculo se podía esperar en la Asamblea durante el último juicio político contra el ex contralor subrogante, en donde por las acusaciones mutuas escuchadas no se sabía cuál resultaría más corrupto. Interpelantes que señalaban al enjuiciado como el responsable de hechos irregulares graves e incumplimiento de sus funciones, pero se dieron con la piedra en los dientes cuando pretendieron, sin éxito, establecer la supuesta ilegitimidad en el cargo y con ello todo lo actuado, que era una barbaridad. Si era ilegítimo, ¿por qué lo llamaron a juicio como Contralor?

Artículo de Miguel Rivadeneira: “Si no robaran tanto…”

En respuesta, los interpelantes recibieron serias acusaciones del interpelado de haber recibido supuesto dinero mal habido y por ello pedía que investigue la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), responsable de recopilar información, ejecutar políticas de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.

En la anterior Asamblea hubo cerca de 60 miembros con procesos judiciales de diversa índole; unos sentenciados por supuestas irregularidades y cobro de diezmos a sus empleados. Hoy existen acusados de otras presuntas irregularidades y haber tenido glosas con responsabilidad penal cuando ejercieran funciones públicas en gobiernos seccionales. ¿Eso puede generar una buena imagen y confianza en quienes ejercen la fiscalización política y que se incomodan cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización los señala?

Autor: Miguel Rivadeneira

Fuente: El Comercio

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