El asambleísta expulsado de la bancada de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz Asque, se entregó este lunes 21 de julio de 2025 a la Fiscalía General del Estado en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito. Contra él pesaba una orden de detención para formulación de cargos por la presunta violación de una niña de 12 años.
La entrega se produce tras casi dos semanas de ausencia pública, luego de que el 7 de julio el padre de la menor presentara la denuncia formal. Desde entonces, el legislador había solicitado licencia sin sueldo para su defensa, petición que fue rechazada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Detalles de la orden y el proceso de entrega
La Fiscalía emitió la orden de detención tras recabar indicios en tres allanamientos realizados el 9 de julio en Quito, donde equipos de Criminalística incautaron documentos y dispositivos electrónicos vinculados al caso Díaz Asque. Durante esos operativos se hallaron elementos que, según la investigación, podrían ser útiles para la formulación de cargos.
El Ministerio del Interior, a través de su titular John Reimberg, indicó que la entrega fue posible gracias a la coordinación entre el Bloque de Seguridad y la Fiscalía. Adicionalmente, el Gobierno ofrecía una recompensa de USD 100 000 a quien aportara información sobre el paradero del asambleísta, cuya ubicación era desconocida desde el 8 de julio.
Antecedentes legislativos y medidas disciplinarias
El 8 de julio, apenas conocida la denuncia, Díaz Asque presentó un proyecto de ley para reducir la edad de consentimiento a 14 años, iniciativa que fue rechazada de plano por el CAL. Asimismo, se le negó la licencia sin sueldo que había solicitado para ausentarse de sus funciones y enfocarse en su defensa.
En paralelo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, informó de la desvinculación de dos familiares directos del asambleísta que trabajaban en la institución, como parte del proceso de depuración de empleados.
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Próximos pasos en el proceso judicial
En las próximas horas, un juez de garantía definirá si dicta prisión preventiva, medidas de presentación periódica, uso de grillete electrónico u otra disposición. La Fiscalía ha señalado que la formulación de cargos se realizará de manera inmediata una vez se concrete la audiencia de calificación.
El caso Díaz Asque pone en el centro del debate la transparencia en el manejo de denuncias de delitos sexuales contra menores de edad y refuerza la presión política sobre los legisladores implicados en este tipo de procesos.
