Radios Quito, Visión, Democracia, Centro y otras son investigadas

La Superintendencia de Comunicaciones investiga a 7 radios que se enlazaron el 10 de agosto para debatir sobre el tema de la libertad de expresión en el Ecuador.

La investigación a siete estaciones radiales, por enlazarse de forma momentánea el 10 de agosto, es blanco de cuestionamientos.

A gremios locales y periodistas les preocupa que en el país se vuelva a procesar a medios de comunicación, por supuestas violaciones al marco legal. En este caso, las críticas se dirigen a los argumentos jurídicos que la Superintendencia de Telecomunicaciones usó para indagar a las siete estaciones.

El Gobierno de Correa investiga a radios privadas
Los periodistas debatieron sobre la Libertad de Expresión

Según el organismo, las radios Quito, Centro, Exa, Visión, Platinum (de la capital), City (Guayaquil) y Ondas Azuayas ( Cuenca) debían notificar que se unirían.

Su postura la sustenta en el art. 10 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, así como el art. 52 de su Reglamento General.

Ambas normas señalan que cuando dos o más estaciones se unen para “constituir sistemas” deben comunicar a la Superintendencia del ramo.

Sin embargo, desde la Asociación de Radiodifusión (AER) núcleo de Guayas se señala que esas normas invocadas por la autoridad no se aplican para este caso.

La razón: las siete radios investigadas se unieron el 10 de agosto de forma puntual, sin que se haya formado un sistema radial.

“Un sistema es un enlace permanente y multidireccional de emisoras. Pero en este caso fue una reunión momentánea, para hablar de un tema que consideraron de beneficio público”. Así lo subraya Otto Sonnenholzner, presidente de la AER de Guayas, quien se pregunta si para otras situaciones la Superintendencia de Telecomunicaciones ha pedido este tipo de notificaciones.

Sus palabras se refieren, por ejemplo, a que se desconoce si varias de las estaciones radiales que se enlazan a las sabatinas de Rafael Correa también comunican de ese particular a la autoridad. “Me parece que es un llamado de atención innecesario”, agrega.

Del mismo modo se pronuncia Miguel Rivadeneira, director de Ecuadoradio, que agrupa a Radio Quito y Platinum, que son de las emisoras investigadas.

Según el radiodifusor, ya han existido enlaces en el pasado para realizar coberturas de hechos especiales como elecciones o censos, sin que por entonces se haya exigido un requerimiento así. Además, subraya que la Superintendencia de Telecomunicaciones está empleando el artículo de un Reglamento, sin respetar la jerarquía de la Constitución, en su artículo 66. Esa norma señala el derecho a las personas a asociarse, reunirse y manifestarse de forma libre y voluntaria”.

De hecho, el enlace de las siete radios se dio por iniciativa de sus periodistas, quienes se unieron el 10 de agosto para analizar y debatir sobre el rumbo de la libertad de expresión en el Ecuador.

De ahí que en las próximas horas las radios citadas presentarán su defensa jurídica, para que no prospere la investigación de la autoridad de control. En este marco, la AER nacional expresó ayer su inquietud. Su titular, Roberto Manciatti, anunció que se reunirá con las radios afectadas. El objetivo: tratar el asunto y realizar un pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión frente a este proceso de la Superintendencia, al que calificó de “preocupante”.

El expediente abierto por la Superintendencia de Telecomunicaciones también despertó inquietud en la organización Reporteros Sin Fronteras. Su representante en Ecuador, Eric Samson, señaló que no se comprende el motivo de la investigación, pues las emisoras se unieron para discutir sobre un tema dentro de su programación.

Esta preocupación se suma a la de la organización Fundamedios, que reportó el expediente en su red de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión

‘Alvarado no respondió’
 
Fundamedios difundió ayer la respuesta que Carlos Lauria, coordinador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, siglas en inglés), dio  sobre las críticas que hizo el  secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a su informe sobre el estado de la libertad de prensa en el país.
 
A Lauria le sorprende  que Alvarado haya criticado que el informe del CPJ, presentado el 1 de septiembre, solo contenga la versión de “Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y de Janeth Hinostroza”. La razón:  en abril pasado el CPJ  hizo  varios intentos para obtener una versión oficial, incluso pactar una entrevista con el presidente Rafael Correa. “Pero Alvarado y otros funcionarios declinaron dar tal respuesta” dice Lauria.

“Es una lástima que el Gobierno no tenga voluntad de diálogo con aquellos que cuestionan sus políticas. Un cambio en ese sentido sería un paso adelante en la restauración de la civilidad y el debate sobre la libertad de prensa”.

Fuente: El Comercio

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