Los mandatarios que tengan una sentencia ejecutoriada por corrupción perderán el derecho a cobrar una pensión vitalicia de parte del Estado ecuatoriano, según las leyes vigentes en el país. Sin embargo, la Asamblea Nacional alista una reforma legislativa para cambiar esa realidad.
La reforma, que cuenta al momento con el apoyo del bloque correísta Unión por la Esperanza, UNES, y los asambleístas del Partido Social Cristiano, PSC, permitiría que los exmandatarios con sentencia judicial puedan recibir de todas maneras la pensión vitalicia.
Pierina Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana, defiende el proyecto de ley para restituir la pensión vitalicia a su hermano Rafael Correa. Arguye que los cargos por corrupción en contra del expresidente se formularon después de que dejó el poder.
De aprobarse esta reforma, se beneficiaría a quienes perdieron su pensión vitalicia como el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, y su exvicepresidente Jorge Glas, quien tiene tres sentencias en su contra por casos de corrupción y cumple su sentencia en la Cárcel 4 de Quito.
Correa y Glas perdieron la pensión vitalicia en 2020 cuando fueron sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.
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