Un colectivo de organizaciones autodenominadas defensoras de los derechos humanos y ambientales, así como de las comunidades Shuar, protestaron afuera de la Embajada de China en Quito en oposición a la firma del contrato firmado ayer y que dará inicio a la minería a gran escala en el país.
Fueron ocho las mujeres que ingresaron a la embajada China para entregar una carta dirigida a Yuan Guisen, embajador del país asiático en Quito. En el documento, le informan del daño que, según los grupos demandantes, causará la explotación minera en el país, afirmando además que afectará de manera permanente a los pueblos y a la naturaleza.
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| Ecologistas fueron detenidas y llevadas a la Fiscalía |
Mientras tanto, afuera de la embajada, las respaldaban unas 50 personas. La fuerza pública desalojó el lugar y detuvo a las integrantes de la organización que irrumpieron en la legación, quienes fueron llevadas a la Fiscalía.
Fernanda Soliz, sobrina de la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, y Nathalia Bonilla, sobrina del viceministro del Interior Omar Bonilla, fueron dos de las activistas detenidas por la Policía. Los parentescos fueron confirmados por gente de Acción Ecológica.
Gloria Chicaiza, del grupo en oposición, denunció que la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), encargada del proyecto Mirador, no tiene aún licencia ambiental para la explotación minera y que los representantes del Ministerio del Medioambiente de Zamora Chinchipe están al tanto de la circunstancia.
«Esta situación ya ha sido expuesta públicamente. Se ha dicho que la licencia de explotación se tramitará después que el contrato se haya firmado», dijo Chicaiza.
Además, explicó que el estudio ambiental no fue realizado meticulosamente y que no cuenta con un estudio científico bien elaborado.
Según Chicaiza, «el proyecto Mirador acabará con los pueblos indígenas y con la Cordillera del Cóndor».
Argumentó también que los miembros de las comunidades no están de acuerdo con la explotación minera y desarrollo de este proyecto.