La excandidata presidencial Luisa González fue detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026, durante un operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en el marco del denominado caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
La investigación se concentra en el origen de aproximadamente USD 500.000 que habrían sido utilizados para financiar publicidad electoral sin transparentar su procedencia ni la identidad de los aportantes. Según la Fiscalía, los recursos presuntamente fueron canalizados mediante una estructura de personas jurídicas, al margen de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
González, quien disputó la Presidencia de Ecuador frente a Daniel Noboa en las elecciones anticipadas de 2023, fue aprehendida en su vivienda de la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí. Posteriormente, fue trasladada al Cuartel Modelo de la Policía Nacional, ubicado en Guayaquil, mientras se esperaba la audiencia de formulación de cargos.
El procedimiento forma parte de una investigación que involucra a varios dirigentes y personas relacionadas con la campaña presidencial del movimiento Revolución Ciudadana. Las autoridades investigan posibles irregularidades en el manejo de aportes y gastos electorales.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto?
La Fiscalía busca determinar la procedencia de los fondos utilizados para contratar publicidad política entre mayo y agosto de 2023, durante la campaña presidencial que se desarrolló después de la disolución de la Asamblea Nacional decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso.
La hipótesis de los investigadores apunta a la utilización de empresas y otras personas jurídicas para canalizar alrededor de medio millón de dólares destinados a publicidad electoral, sin identificar debidamente el origen de los recursos ni a quienes habrían realizado los aportes.
El expediente tiene entre sus antecedentes una denuncia presentada por Diana Atamaint, entonces presidenta del CNE, relacionada con irregularidades detectadas en la rendición de cuentas de las elecciones anticipadas de 2023.
En la revisión electoral también se identificaron observaciones sobre USD 174.930 en gastos de publicidad no declarados y USD 6.400 en aportes que carecían de la documentación de respaldo requerida. Estas cifras forman parte de los antecedentes examinados y son adicionales a los aproximadamente USD 500.000 que investiga la Fiscalía.
La investigación penal pretende establecer si los movimientos económicos detectados constituyen operaciones relacionadas con lavado de activos y cuál habría sido la participación individual de las personas involucradas.
Detención de Luisa González y operativo en Manabí y Pichincha
El operativo se desarrolló durante las primeras horas del jueves 22 de octubre, mediante intervenciones realizadas en las provincias de Manabí y Pichincha.
Los agentes ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra tres personas investigadas por su presunta participación en operaciones de lavado de activos. Entre ellas se encontraba Luisa González.
La excandidata fue aprehendida en Canuto, una parroquia rural del cantón Chone. Después del procedimiento fue trasladada a Guayaquil, donde permaneció bajo custodia policial en el Cuartel Modelo, situado en la avenida de las Américas.
El expresidente Rafael Correa confirmó públicamente el traslado y cuestionó las circunstancias de la detención. Por su parte, dirigentes de Revolución Ciudadana acudieron a las instalaciones policiales para conocer la situación de González y solicitar información sobre su proceso judicial.
¿Quiénes están investigados en el caso Laberinto?
La investigación comprende a personas vinculadas con la organización y administración de la campaña presidencial de 2023, así como a otros actores políticos.
Entre los nombres identificados en el expediente constan Luisa González, Andrés Arauz, Estefanía Molina Freire y Santiago Díaz Asque.
Estefanía Molina ha sido relacionada con el manejo de las cuentas de campaña, mientras que Santiago Díaz Asque, exasambleísta, desempeñó funciones de coordinación durante el proceso electoral.
Andrés Arauz, quien acompañó a González como candidato a la Vicepresidencia en 2023, también figura entre las personas mencionadas en los registros de la investigación.
Durante la tarde del 22 de octubre, la Fiscalía informó además que Wendy Lorena Onofre Gaibor, secretaria del movimiento RETO, se entregó voluntariamente a las autoridades en Guayas. La institución anunció que formularía cargos en su contra por su presunta participación en el mismo delito.
¿Qué es el lavado de activos y qué penas contempla la legislación ecuatoriana?
El lavado de activos es un delito contemplado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona distintas conductas relacionadas con bienes, dinero o recursos de origen ilícito.
La normativa contempla operaciones como adquirir, transferir, administrar, utilizar u ocultar activos provenientes de actividades ilícitas, así como ejecutar mecanismos destinados a darles apariencia de legalidad.
En el caso Laberinto, la Fiscalía deberá determinar si los recursos investigados tienen un origen ilícito y si se realizaron operaciones que encajen en las conductas previstas en la legislación penal.
Las irregularidades contables o electorales, por sí solas, no constituyen prueba suficiente de lavado de activos. La responsabilidad penal requiere que se demuestre la participación de cada procesado y los elementos del delito conforme a la ley.
Caso Laberinto y caso Caja Chica: las investigaciones relacionadas con la campaña de 2023
El caso Laberinto se desarrolla de manera separada del denominado caso Caja Chica, otra investigación penal que involucra a integrantes de Revolución Ciudadana.
En el caso Caja Chica, la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el supuesto ingreso de recursos ilícitos desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
Por su parte, el caso Laberinto se concentra en las inconsistencias detectadas en el financiamiento de publicidad electoral y en el origen de los aproximadamente USD 500.000 que habrían sido canalizados mediante personas jurídicas.
Ambas investigaciones tienen como contexto la campaña presidencial de 2023, aunque corresponden a expedientes distintos y a hipótesis penales que deben ser examinadas de manera independiente.
