Los casinos en Ecuador podrán funcionar sólo 6 meses más

Ecuador se convertirá en el segundo país latinoamericano en prohibir los casinos y salas de juego después de Brasil, luego de que la propuesta ganara en una consulta popular, aunque los empresarios del sector avisan que la medida fomentará la clandestinidad. El ‘Sí’ a la eliminación de esos establecimientos ganó al ‘No’ por unos 350.000 votos.

Casinos en Ecuador deberán cerrar
Los casinos en Ecuador deben cerrar en 6 meses

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En el resto de América Latina el juego está regulado y en Brasil, hasta ahora el único país que lo tenía prohibido, se debate actualmente en el Congreso un proyecto de ley para permitirlo y poner fin a las salas de juego ilegales, según la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juego (Anpasju) de Ecuador.

El presidente Rafael Correa dijo tras el cierre de las urnas el 7 de mayo que la supresión de los casinos «no va a ser de golpe, se va a establecer un proceso, puede ser un año, dos años».

Sin embargo de esta afirmación el Presidente Correa emitió ayer el Decreto 873, mediante el cual estableció el plazo para el cierre de salas de juego ilegales y casinos registrados en el Ministerio de Turismo.

El pasado 7 de mayo, durante la consulta popular, 3,9 millones de ciudadanos votaron a favor de que se prohíban los negocios dedicados a los juegos de azar en el territorio nacional.

De ahí que el Presidente decidió que a partir de la publicación del Decreto en el Registro Oficial las salas de juego, consideradas ilícitas, cierren sus puertas de forma inmediata. Mientras que los casinos que funcionan en hoteles y los bingos registrados tienen seis meses para parar sus actividades.

Según la Asociación de Casinos del Ecuador, en el país existen 32 casinos y 15 bingos legales en los cuales están empleadas 3200 personas. Los directivos de estos negocios no comentaron sobre el Decreto Ejecutivo ni tampoco sobre las indemnizaciones que deberán cancelar a sus empleados.

El Decreto establece que la compensación para el pago se determinará en base a la normativa fijada para la figura del despido intempestivo, es decir, un sueldo por cada año de trabajo más los proporcionales de los sobresueldos y las vacaciones.

Si bien los empleados de los negocios legales aún cuentan con trabajo, no es el caso de 3 378 ex trabajadores de 121 salas de juego ilegales. La mayoría de estas fueron cerradas, aunque otras siguieron operando con amparos (el Decreto 873 determina que pese a la existencia de esta figura deberán dar por finalizadas sus actividades).

Ayer un grupo de ex empleados de negocios considerados como ilegales, quienes laboraban para la empresa Viña Carolina, realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea para exigir cambios en el proceso de reconversión laboral planteado por el Gobierno. Este plan, según anunció el Régimen el pasado miércoles, incluye créditos para emprendimientos, participación en ferias de empleo, etc.

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