Las cifras que el movimiento indígena y sus aliados pasan por alto

Con un nivel de violencia nunca antes visto, una posición totalmente intransigente y un discurso repleto de lugares comunes (como la supuesta entrega del país al FMI), el movimiento indígena (apoyado por académicos de izquierda, centrales sindicales, movimientos feministas e incluso ecologistas) consiguió que el Gobierno se viera obligado a derogar el decreto que eliminaba el subsidio al diésel y a la gasolina extra.

El argumento más utilizado en las protestas (que derivaron en un caos del que ahora ninguno de sus artífices se hace cargo) fue que esa medida era un “golpe al pueblo” (se entiende que por el aumento en los precios que traería consigo). Si bien la preocupación del principal asesor económico del movimiento indígena era que la eliminación de los subsidios provocará una DEFLACIÓN (sí, ése es el nivel de asesoría con el que cuenta la CONAIE), la medida efectivamente generaría un alza en otros precios al consumidor, alza cuya magnitud “real”, es decir, una vez superados la especulación, la histeria y el desabastecimiento de los días de caos, resultaba difícil de pronosticar. En realidad, la medida podía ser dividida en dos: la eliminación del subsidio a la gasolina extra y la eliminación del subsidio al diésel.

lideres indigenas de ecuador
Artículo de José Hidalgo: «las cifras que el movimiento indígena y sus aliados pasan por alto»

En el primer caso, el impacto sobre los precios en general debía ser marginal. Esto, tomando en cuenta lo que ocurrió tras el incremento que entró en vigor el 26 de diciembre del año pasado, cuando el precio de la gasolina extra pasó de $1,48 a $1,85 por galón, lo que significó un incremento del 25%. Según el último reporte de inflación publicado por el INEC, entre septiembre de 2018 (con gasolina extra aún a $1,48) y septiembre de este año (ya con el aumento del 25%), los precios al consumidor en general registraron una leve caída de 0,1%. Es decir, la tasa anual de inflación no sólo que no se disparó, sino que en los últimos meses ha permanecido en torno a 0%.

En el caso del diésel, combustible utilizado en el transporte público de personas y buena parte del transporte de carga, el efecto de la eliminación del subsidio obviamente sería mayor. Un primer impacto se sintió en el incremento de las tarifas de transporte urbano, que transitoriamente subieron en 10 centavos de dólar. En el caso de Quito, por ejemplo, donde un pasaje de bus urbano costaba (y ha vuelto a costar) 25 centavos, se trataba de un aumento del 40%, sensible para una familia de ingresos bajos que usa regularmente transporte público (servicio que, cabe señalar, representa el 5% del costo total de la canasta básica). No obstante, sería descabellado pensar que los precios al consumidor en general (o los de la canasta básica en particular) iban a sufrir un incremento de similar magnitud.

Para el transporte el combustible es un insumo determinante en sus costos, cosa que no ocurre con otros bienes y servicios, como vivienda, educación, salud o vestimenta. En el caso de los alimentos, sobre todo los no procesados, el incremento debía ir de la mano con el peso del combustible en la cadena de costos, desde la siembra hasta el comerciante minorista. Un aumento desmesurado no hubiera tenido un fundamento económico y el propio consumidor se debía encargar de no convalidarlo.

Para evaluar adecuadamente la eliminación de los subsidios, también se debía tomar en cuenta a quién benefician. En el caso de la gasolina extra, está claro que la mayor parte de su consumo corresponde a vehículos livianos de uso particular, pertenecientes en la enorme mayoría de los casos a sectores no pobres de la población. Según el estudio del BID, por cada $20 de subsidio a la gasolina, apenas $1 llega al quintil más pobre de la población.

Por otro lado, los más de $300 millones que, si finalmente no se elimina el subsidio, este año se destinarán a mantener el precio de la gasolina extra, equivalen al presupuesto sumado de los sectores agropecuario y de ambiente en el Presupuesto General del Estado, sectores con una incidencia en la calidad de vida de la población rural mucho mayor que el de mantener un subsidio que favorece sobre todo a estratos socio-económicos medios y altos de las zonas urbanas.

En el caso del subsidio al diésel, su beneficio es más generalizado dado que, como se mencionó, permite mantener (artificialmente) bajos otros precios, principalmente los del transporte (el estudio del BID estima que por cada $9 de subsidio al diésel, $1 llega al quintil más pobre). En ese caso, la eliminación del subsidio debía estar acompañada de medidas de compensación para los segmentos más vulnerables de la población, entre ellos los indígenas. En ese sentido el gobierno propuso aumentar el número de beneficiarios y el monto promedio del Bono de Desarrollo Humano (y otros bonos similares), que llega justamente a los hogares más pobres. ¿Los indígenas sentían que esa compensación era insuficiente frente al impacto de la medida? Bueno, entonces ahí había un punto en que las partes podían negociar, pero sin echar abajo la medida.

Desde una perspectiva fiscal (perspectiva que incluso los intelectuales de izquierda ignoraron olímpicamente, pese a que muchos de ellos viven del Estado o reciben algún tipo de transferencia estatal), la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra generaría, según los cálculos oficiales, un ahorro de $1.500 millones anuales, monto equivalente a la mitad del presupuesto para el sector de salud o a la suma de lo que se asigna a vivienda e inclusión económica y social. ¿Realmente alguien cree que esos $1.500 millones, en un país con tantas carencias, están siendo bien utilizados?

También desde una perspectiva fiscal, es decir, dejando de lado la regresividad de los subsidios y las puertas que abren a millonarios negocios ilícitos, la decisión de eliminarlos partía de la urgencia por cerrar la brecha entre ingresos y gastos del sector público y, por tanto, sus necesidades de financiamiento. En 2016 y 2017 el déficit del Gobierno Central rondó los $6.000 millones anuales y fue cubierto con emisiones de bonos soberanos a tasas de usura, preventas de petróleo e incluso la utilización del Banco Central para emitir “ecuadólares” (a ese nivel de osadía llegó Correa con tal de mantener su nivel de gasto).

¿Alguno de los manifestantes que vociferaban contra el FMI salió a quejarse de que el anterior Gobierno se estuviera “vendiendo” a los chinos? ¿Conocen las condiciones de esos préstamos? Seguramente no, ya que se negociaron en secreto.

Pese a que el déficit del Presupuesto se redujo en 2018, la necesidad de recortar el gasto o elevar los ingresos sigue siendo imperiosa para no mantener el ritmo de crecimiento de la deuda pública, que este año ha seguido aumentando (en el caso de los bonos soberanos, todavía en condiciones muy onerosas), lo que muestra que la consolidación fiscal es inevitable con o sin FMI. La ventaja de tener un acuerdo con ese y otros multilaterales (que ojalá no se venga abajo) es que reduce la incertidumbre que los mercados internacionales tienen respecto al Ecuador y a la vez permite que el ajuste no sea de shock, lo que generaría mayores consecuencias económicas y sociales.

Por otro lado, las condiciones de los créditos de los multilaterales son mucho menos caras que las de otras fuentes de financiamiento a las que el Ecuador tiene acceso. En ese contexto, más allá de los gritos contra el FMI, los manifestantes no presentaron propuestas para reemplazar esos créditos y parecen no estar conscientes de las consecuencias que una eventual ruptura del acuerdo traería para la economía ecuatoriana (¿sabrán que ayer, luego de la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el decreto 883, el riesgo país subió más de 7% y llegó a los 800 puntos?; ¿les importará ese salto en un indicador que determina los costos de financiamiento no sólo para el sector público sino también para el privado?).

Pero en realidad resultaba muy difícil esperar propuestas concretas y viables cuando los supuestos representantes de los pobres defendían un subsidio que en gran parte favorece a los ricos; los ecologistas opuestos al extractivismo alzaban su voz en favor de combustibles fósiles baratos y los intelectuales de izquierda, que siempre tienen el término “fascista” en la punta de la lengua, defendían con muy pocos argumentos una medida implementada por una dictadura militar. Aunque esto último no debería sorprender dado el indisimulable apego de esos intelectuales por los autoritarismos de la región.

Autor: José Hidalgo Pallares

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