La Fiscalía General del Estado investiga a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia por el presunto delito de cohecho, dentro de una causa relacionada con una sentencia de casación que ordenó el pago de USD 59,3 millones a favor de una empresa china. Como parte de la investigación previa, agentes fiscales y policiales ejecutaron varios allanamientos en inmuebles ubicados en el norte de Quito.
Los jueces investigados son Milton Enrique Velásquez Díaz, Patricio Adolfo Secaira Durango e Iván Rodrigo Larco Ortuño. Los tres magistrados integraron el tribunal que emitió el fallo judicial que ahora es analizado para determinar si existieron pagos o beneficios económicos indebidos relacionados con la resolución.
Sentencia ordenó pagar más de USD 59 millones
La sentencia cuestionada resolvió un recurso de casación y dispuso el pago de USD 59.334.103,17 a favor de una compañía de capital chino. La decisión fue emitida dentro de una causa que, según la información conocida sobre la investigación, había permanecido represada durante varios años.
La controversia estuvo relacionada con China Railway y un contrato suscrito en 2015 con el Ministerio de Educación para la construcción de unidades educativas provisionales. El contrato fue terminado unilateralmente en 2018, después de lo cual la empresa inició acciones legales contra el Estado ecuatoriano y obtuvo decisiones favorables en tribunales administrativos.
La investigación busca establecer si Milton Enrique Velásquez Díaz, Patricio Adolfo Secaira Durango e Iván Rodrigo Larco Ortuño recibieron dinero o algún beneficio para intervenir en la emisión de la sentencia de casación. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni sobre una formulación de cargos contra los magistrados, por lo que el expediente continúa en la fase de investigación previa.
Testimonio del caso Plaga originó la investigación
La investigación se abrió a partir del testimonio anticipado de Michael Ismael H., una persona sentenciada dentro del caso Plaga. De acuerdo con la información divulgada, el testigo manifestó que durante un evento realizado en Guayaquil mantuvo reuniones con varias personas y conoció sobre supuestas gestiones para conseguir la emisión del fallo.
Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, había declarado anteriormente sobre su presunta participación como intermediario entre abogados y operadores de justicia. En su testimonio dentro del caso Plaga proporcionó información sobre posibles pagos y favores relacionados con procesos judiciales de alto perfil.
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El caso Plaga investigó una estructura que habría utilizado dinero, favores y maniobras judiciales para obtener decisiones favorables. La declaración de uno de los sentenciados permitió abrir esta nueva línea relacionada con los integrantes del tribunal de casación y el pago ordenado a la empresa china.
Documentos y equipos fueron levantados como indicios
Durante los allanamientos realizados el 29 de julio de 2026, los agentes levantaron documentos, teléfonos celulares y computadoras. Estos elementos serán analizados dentro de las diligencias destinadas a determinar si existen pruebas que respalden la hipótesis de un posible pago a cambio de la sentencia.
El cohecho está relacionado con la recepción o aceptación de beneficios económicos indebidos por parte de servidores públicos para hacer, omitir, agilizar, retardar o condicionar actuaciones vinculadas con sus funciones.
La Fiscalía continuará practicando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades. El proceso permanece en etapa de investigación previa y Milton Enrique Velásquez Díaz, Patricio Adolfo Secaira Durango e Iván Rodrigo Larco Ortuño no han sido condenados por estos hechos.
