El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días adicionales el estado de excepción en ocho provincias del país, mediante el Decreto Ejecutivo 532, firmado el miércoles 11 de noviembre de 2026. La decisión mantiene la declaratoria por grave conmoción interna, establecida inicialmente en septiembre ante los hechos de violencia relacionados con el crimen organizado.
La renovación contempla la continuidad de operaciones militares y policiales, así como la suspensión de determinadas garantías constitucionales. Sin embargo, el nuevo decreto no establece un toque de queda ni fija horarios de restricción a la circulación de personas. La medida entrará en vigor cuando concluya el período inicial de 60 días y se extenderá hasta mediados de diciembre.
¿Cuáles son las ocho provincias donde regirá el estado de excepción?
La disposición presidencial comprende a El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, provincias que ya estaban incluidas en el Decreto Ejecutivo 498, emitido el 15 de septiembre de 2026.
Durante los próximos 30 días se mantendrá la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, dentro de los límites constitucionales establecidos. Esto permite a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos sin una orden judicial previa, siempre que se cumplan las condiciones autorizadas por la Corte Constitucional.
También continuará la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones coordinadas con la Policía Nacional. Además, se permitirá la requisición temporal de bienes y servicios de origen lícito cuando exista una necesidad operativa justificada, con los procedimientos y garantías correspondientes.
Los cantones Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná, incorporados inicialmente en la declaratoria de septiembre, no forman parte de esta renovación, después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional su inclusión.
¿Habrá toque de queda durante el nuevo estado de excepción?
El Decreto Ejecutivo 532 no contempla una nueva suspensión de la libertad de tránsito, por lo que no existe un nuevo toque de queda establecido mediante esta renovación.
La decisión llega después de que el 10 de noviembre concluyera una restricción nocturna que estuvo vigente durante diez días en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, entre las 00:00 y las 05:00.
Durante ese período, los operativos de seguridad dejaron más de 2.600 personas detenidas y permitieron el decomiso de aproximadamente 2,5 toneladas de drogas, de acuerdo con los resultados reportados por las autoridades.
Gobierno justifica la renovación por los índices de violencia
El Ejecutivo fundamentó la extensión del estado de excepción en informes de seguridad que señalan la persistencia de actividades delictivas, enfrentamientos entre organizaciones criminales y disputas por el control territorial.
Según los datos de la Policía Nacional recogidos en el decreto, entre el 14 de octubre y el 1 de noviembre se registraron 322 homicidios intencionales en las ocho provincias, de los cuales 144 ocurrieron en Guayas. Durante ese mismo período se contabilizaron 33 episodios de homicidios múltiples, con un total de 81 víctimas.
Por su parte, el ECU 911 reportó 136.277 emergencias atendidas entre el 14 de octubre y el 4 de noviembre en las jurisdicciones comprendidas en la medida. De ese total, el 67,38 % correspondió a incidentes relacionados con seguridad ciudadana.
Estado de excepción estará vigente durante las elecciones seccionales
La renovación coincidirá con el proceso electoral del 29 de noviembre de 2026, cuando los ecuatorianos elegirán autoridades locales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El decreto establece que las medidas extraordinarias deberán aplicarse sin obstaculizar injustificadamente las actividades de campaña, el funcionamiento de los organismos electorales ni el ejercicio de los derechos políticos de candidatos, organizaciones y ciudadanos.
No obstante, las autoridades podrán mantener operaciones de seguridad debidamente justificadas, siempre que respeten las condiciones y limitaciones establecidas para el estado de excepción.
El documento también dispone que las instituciones responsables de ejecutar las operaciones mantengan coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el propósito de evitar interferencias en las labores de prevención, preparación y atención de emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.
