La campaña que ya empezó es la apoteosis de un concepto de política que nada tiene que ver, ni remotamente, con el bien común
Ni el ilegítimo adelanto de las elecciones dispuesto por el gobierno a través de un Consejo Nacional Electoral a su servicio; ni la evidente cancha inclinada que ese organismo le garantiza al oficialismo; ni la sostenida y resuelta frialdad con la que éste ha venido sistemáticamente sacando del camino, uno tras otro, a sus principales adversarios; ni el clima de intimidación y miedo impuesto por la Fiscalía y los organismos de control (SRI, Contraloría, superintendencias…) en todos los campos de actividad del país, desde los jueces bajo ataque hasta el periodismo, o lo que queda de él, pasando por los gremios profesionales, la academia, los empresarios…
Ninguno de estos síntomas de descomposición democrática irremediable ha logrado disuadir a la sociedad política ecuatoriana de encarrilarse con naturalidad pasmosa en el tren electoral dispuesto por el gobierno.
Esta semana, como si nada ocurriera, con la tontuna despreocupación de toda la vida, empezaron las quinielas, las ruletas de candidatos, el cálculo de probabilidades, las siempre amañadas encuestas, el análisis de estrategias… Como si viviéramos en una democracia normal.
Vuelve la apoteosis de esa seudociencia llamada “comunicación política”, cuyos sacerdotes predican medias verdades esotéricas diseñadas para satisfacer las necesidades de sus clientes y convertir a la política en un divertido juego de tablero que nada tiene que ver, ni remotamente, con el bien común.
En resumen: arranca un proceso electoral fraudulento desde su origen y el país se embarca en él alegremente. Fraudulento, sí, porque lo primero que se puede decir de estas elecciones es que comienzan con un fraude en toda regla: su arbitrario e ilegítimo adelanto de febrero a noviembre.
Fraude por partida triple
Primero, porque la ley lo impide: no debiera hacer falta recordar aquel principio según el cual en derecho público se puede hacer sólo aquello que está expresamente permitido, y éste no es el caso.
Segundo, porque recurre a un pretexto doloso: la manipulación de las fechas del fenómeno de El Niño, que contradice los pronósticos de los organismos meteorológicos más serios del mundo, que no se respalda en ningún criterio científico y, por el contrario, vino acompañado por la renuncia del científico a cargo, el director del INAMHI.
Tercero, porque se justifica en obtusos juegos de palabras (“adelantamos votaciones, no elecciones”) a cargo de una funcionaria, Diana Atamaint, que lleva siete años medrando del poder de turno y cuya perruna obsecuencia la ha convertido en la autoridad electoral perfecta para dos autocracias sucesivas de distinto signo.
Ante la brutal contundencia de los hechos, a los defensores de la estrategia electoral oficialista no les queda sino dos opciones: la fingida candidez o el grosero cinismo. La primera, que nadie se toma en serio, es propia de los medios comprados por o para el gobierno y dice así: qué bueno que el señor presidente adelante las elecciones para protegernos de El Niño, demos gracias.
La segunda es la postura de los comunicadores políticos del régimen: supone que el verdadero favorecido por el adelanto de las elecciones no es el gobierno sino el correísmo. Esta lectura se presenta revestida de una cierta racionalidad, finge independencia y se vende como análisis.
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Es, por ejemplo, la tesis del comunicador político Carlos Ferrín, que trabaja para Altavoz, falso medio de comunicación que opera a través de redes sociales y depende directamente de los servicios de Inteligencia del gobierno.
Ferrín casi suena convincente, salvo por un detalle: ningún análisis que resultara perjudicial para el gobierno se publicaría en Altavoz. Por tanto, su independencia es un fraude. En consecuencia, todo lo que dice es encubierta propaganda.
Lo cierto es que la decisión de adelantar las elecciones es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo (el mismo Daniel Noboa se ha referido a ella en primera persona del plural) y no habría sido adoptada si no fuera porque le conviene.
Los posibles escenarios
Otra cosa es que le puede salir mal, pero en el cálculo del gobierno entran en juego desde la evolución de su curva de popularidad hasta consideraciones sólo conocidas en los círculos estrechos del poder pero no demasiado difíciles de adivinar: los probablemente inevitables apagones de diciembre, por ejemplo.
En la conversación nacional que se ha instaurado en el arranque de este período electoral nada de eso importa: el camino hacia las elecciones seccionales de noviembre está empedrado de hechos consumados (situaciones jurídicas consolidadas, que dicen los constitucionalistas filáticos).
El adelanto del cronograma es uno de ellos. Otro: la eliminación artera de adversarios. El correísmo fue descalificado (ilegalmente, como todo lo demás) por mera denuncia fiscal en el TCE, sin proceso y sin sentencia; Aquiles Álvarez, juzgado dos veces por los mismos hechos, está preso con doble candado; Marcela Aguiñaga y su viceprefecto renunciaron en oscuras circunstancias… Nada de eso, sin embargo, hace parte del debate.
Mientras tanto, el miedo se apodera del país: la Fiscalía persigue a los jueces (ahora también a los medios independientes; en realidad, a quien haga falta); la Contraloría, a la Corte Constitucional y muy pronto a los alcaldes (todo perfectamente legal pero mágicamente oportuno); la Superintendencia de Compañías ocupa éste, el último diario de circulación nacional que se niega a la obsecuencia; la academia mira para otro lado (como siempre); los empresarios enmudecen.
Autor: Roberto Aguilar
Fuente: Expreso
