Las recientes declaraciones del embajador de los Estados Unidos alertando al país de la profunda penetración del narcotráfico en el país, y en concreto en las fuerzas del orden (habló de “generales”, en general…), no son nuevas en cuanto a su contenido. Hace más de una década Francisco Huerta Montalvo, luego de dirigir una comisión que investigó el ataque del gobierno de Colombia al campamento del terrorista Raúl Reyes, advirtió que el país estaría convirtiéndose en una “narcodemocracia” por la intensidad de vínculos del narcotráfico con instancias del poder. La embajadora Heather Hodges fue expulsada del país por el capo de la pandilla correísta cuando en 2011 se reveló que en comunicaciones reservadas había también expresado su preocupación por la presencia del narcotráfico en las fuerzas de seguridad del Ecuador. Con gran verborrea, el gobierno de entonces denunció que semejantes afirmaciones eran una afrenta a nuestra soberanía. Esta expulsión fue probablemente uno de los triunfos más importantes que logró el narcotráfico en nuestro país. Su otro gran triunfo lo constituyó obviamente el hacer que el Gobierno correísta termine el convenio que permitió instalar un Puesto de Operación de Avanzada que operaba en Manta, y que no era, dicho sea de paso, una base militar. A ello hay que sumar la política de subsidio al diésel que hace extremadamente rentable las operaciones de procesamiento de droga en nuestro país.
Colombia en 1980 comenzó a vivir lo que hoy enfrenta el Ecuador. La lenta colonización del narcotráfico sobre los estamentos de las fuerzas de seguridad. Con el agravante que en nuestro país tuvimos un régimen que encubrió y contribuyó a este proceso. Un régimen que se erigió sobre el discurso propio de la izquierda latinoamericana, esto es, de que el Estado debía estar presente en todos los intersticios de la sociedad, adoptó la política del dejar hacer, dejar pasar frente al narcotráfico. El Estado era bueno para perseguir a los periodistas y opositores, pero ese mismo Estado no existía para frenar y enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Al contrario, se crearon condiciones para que estas estructuras delincuenciales se instalen sigilosamente en los pasillos del poder y especialmente en los rangos de las fuerzas de seguridad. Una sociedad en la que sus fuerzas de seguridad son coaptadas por la delincuencia sencillamente pierde toda viabilidad. Se socaba el orden mínimo que requiere un Estado moderno cuando quienes están llamado a garantizar ese mínimo de orden son títeres del delito.
Poco a poco, nos hemos ido convirtiendo en el patio trasero de la delincuencia internacional. Y hoy nadie quiere asumir responsabilidades. Los causantes de esta debacle o miran a otro lado o abiertamente salen a la defensa de esta situación. Pero no proponen soluciones. La conspiración es el único juego que les interesa. Allí siguen al acecho, esperando en qué momento se apoderan de la Fiscalía General y de otros órganos judiciales. Y mientras tanto el narcotráfico sigue ganando territorio y poder. Preparan movilizaciones para desafiar al Estado que ellos mismos se encargaron de socavar entregándoselo al narcotráfico. Un enorme desafío enfrenta el gobierno del presidente Lasso. Colombia 1980.
Autor: Hernán Pérez Loose
Fuente: El Universo
