El correísmo ya no pudo ocultar su desesperación por alzarse, lo antes posible, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs. Hoy fue el día en que los asambleístas de UNES ya ni siquiera guardaron las formas y dejaron en evidencia que cooptar ese organismo es, por ahora, el único objetivo que los mueve en la Asamblea.
La urgencia fue visible desde muy temprano: en la mañana un grupo de asambleístas, al menos 25, fue hasta la Comisión de Fiscalización para, en un golpe de efecto, rodear a su presidente, Fernando Villavicencio. UNES pretende que, en esa comisión, se altere el orden de los juicios políticos pendientes y se dé prioridad al que ellos plantearon en contra de los cuatro consejeros de la mayoría del Cpccs, a los que pretenden censurar con el fin de recomponer la mayoría que tenían antes.
El asambleísta Ferdinan Álvarez, que se ha convertido en el alfil de UNES en temas jurídicos, anunció que solicitó el retiro del juicio al procurador del Estado, Íñigo Salvador, para que «la Comisión de Fiscalización proceda a conocer y calificar la solicitud de juicio político de los cuatro consejeros del Consejo de Participación y Control Social». Álvarez entregó a Villavicencio un documento de dos páginas donde, sin empacho alguno, se arroga la representación de todos los ecuatorianos para afirmar que es «una necesidad de todos los ecuatorianos, revisar las actuaciones de los consejeros» del Cpccs. Según él, esa supuesta necesidad urgente de los ecuatorianos se debe a la «debacle institucional que atraviesa el organismo».
El correísta Álvarez también formuló una invitación a los asambleístas de Pachakutik para que retiren el juicio que sus asambleístas presentaron en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral, CNE. Si Pachakutik lo hace, entonces UNES retirará el que habían presentado en contra del Consejo de la Judicatura para que, así, ya solo quede pendiente el del Cpccs, dijo el correísta que se presentó junto a Ronny Aleaga.
Fernando Villavicencio anunció que envió una consulta a la Presidencia de la Asamblea para que emita un criterio jurídico sobre el tema. Villavicencio pregunta en su consulta si, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se puede pedir el retiro de un juicio y si la Comisión de Fiscalización puede devolver la solicitud. Además pregunta si Álvarez podría volver a presentar su pedido de juicio del Procurador.
Según la práctica legislativa, el pedido de retiro de juicio de Álvarez no debería surtir efecto alguno y el juicio a Íñigo Salvador debería tramitarse como estaba previsto, puesto que ya fue admitido por el Consejo Administrativo Legislativo, CAL. Ese criterio ya ha sido expresado por voceros de Guadalupe Llori y miembros del CAL.
Si no se anticipara el juicio a la mayoría del Cpccs con el retiro de los juicios anteriores, se piensa que el correísmo tendría otra carta para conseguir su desesperado objetivo: un proyecto de moción que tiene listo para que el Pleno de la Asamblea obligue a la Comisión de Fiscalización a modificar el cronograma de los juicios. Ese proyecto de moción, al que tuvo acceso 4P., establece que se debe declarar el juicio a los vocales del Cpccs, «prioridad para la Asamblea Nacional, en razón de que sus disputas e inacción mantienen prorrogadas en funciones a varias autoridades electorales y de control». Además, dice que se deberá “modificar el cronograma de la Comisión de Fiscalización suspendiendo la sustanciación del juicio político en curso y en su lugar iniciar el debido proceso para que ejerzan la defensa los consejeros del Cpccs».
En la Asamblea se sabe que el correísmo, en caso de tener los 70 votos necesarios, tratará de introducir la moción en la sesión del lunes cuando se esté tratando el proyecto de Ley de Inversiones, que fue enviado con el carácter de económico urgente. Pero esa opción tampoco parece tener viabilidad jurídica, pues existe una opinión vinculante de la Procuraduría del Estado que dice que el Pleno de la Asamblea no puede arrogarse las funciones del CAL, que es el único organismo calificado para tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, una mayoría podría irse por encima de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, admite el jefe de la bancada de gobierno, Juan Fernando Flores. “Una cosa es lo legal y otra lo que se puede hacer a la fuerza”.
Según Flores, el correísmo se ha dado cuenta de que la joya de la corona no es la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, como pretendieron el 8 de marzo, ni la toma de las comisiones de la Asamblea, sino apropiarse directamente del Cpccs. Para hacerlo es más fácil conseguir los votos de Pachakutik, que no parece muy dispuesto a dar sus votos para echar del cargo a sus correligionaria Llori. Flores insiste en que, en caso de censurar a la Fiscal Diana Salazar Méndez, como quieren los correístas y sus aliados los socialcristianos, ellos nombrarán a su reemplazo.
Mientras tanto, en el Cpccs hay quienes sospechan que la desesperada decisión de enjuiciarlos se debe a las versiones que circulan según las cuales se viene la muerte cruzada. Dejar instalado un Cpccs de bolsillo antes de que se cierre la actual Asamblea, explica la urgencia que hoy llegó a un punto de histeria.
Autor: Martín Pallares
Fuente: 4 Pelagatos
