En una sesión matutina celebrada el 7 de diciembre de 2023, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) anunció la admisión a trámite del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. La solicitud, presentada por la asambleísta Gissela Garzón -militante de la Revolución Ciudadana- el 27 de noviembre, acusa a Salazar de incumplimiento de funciones en medio del creciente índice delictivo en el país.
Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, informó que el proceso será remitido a la Comisión de Fiscalización, aunque subrayó la existencia de otros juicios en espera que deben ser atendidos primero. La ponente del caso, Gissela Garzón, respondió a la solicitud del presidente del CAL, completando y aclarando algunos puntos de la prueba, lo que resultó en la votación favorable.
La moción para dar luz verde al juicio político fue presentada por Viviana Veloz y obtuvo cinco votos a favor, uno en contra y una ausencia. Kronfle destacó que actualmente hay cinco juicios políticos en trámite de periodos legislativos anteriores y dos más calificados del periodo actual, dirigidos contra los exministros Juan Zapata y Fernando Santos, de la administración de Guillermo Lasso.
El presidente de la Asamblea reafirmó la postura de su bloque, el PSC, y aliados, argumentando que no existen causales justificadas para enjuiciar a la fiscal Salazar. Mientras tanto, el bloque oficialista ADN y la bancada de Construye también expresaron su negativa a respaldar el caso.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado alertando sobre irregularidades en la solicitud, alegando que no cumplía con los requisitos necesarios. Según la institución, el anuncio probatorio presentado por la solicitante carecía de especificidad sobre los hechos a los que se referirían los testimonios de operadores de justicia, lo que contravendría el principio de independencia de funciones establecido en la Constitución.
A pesar de las observaciones de la Fiscalía, el CAL aprobó el pedido de juicio político contra Salazar. Con esta aprobación, el proceso se trasladará a la Comisión de Fiscalización, donde se espera que se analice a finales de 2024, teniendo en cuenta los otros casos pendientes en la agenda legislativa.